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El intercambio de información con fines fiscales en Centroamérica

Los efectos de la evasión fiscal y otras formas de flujos financieros ilícitos continúan preocupando a los países de América Latina, ya que en varios de ellos siguen provocando que las autoridades tributarias recauden menos de la mitad de los ingresos que teóricamente deberían de obtener. Las altas tasas de evasión se reflejan en los bajos ingresos tributarios, que afectan la capacidad de los gobiernos para movilizar recursos domésticos e invertir en sus respectivas agendas de desarrollo.

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), debido al incumplimiento tributario en 2018 se perdió un valor equivalente al 6.1% del producto interno bruto (PIB) de la región latinoamericana, de los cuales el 3.8% corresponde a la evasión del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las tasas de evasión fiscal estimadas para el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades se han mantenido en una media del 44% y el 58%, respectivamente, en las dos últimas décadas. Indica además la Cepal que en 2020, el ratio promedio de impuestos como proporción del PIB de 16 países latinoamericanos analizados fue del 19.8%, 0,6 puntos porcentuales menos que en 2019, y muy por debajo de la media de la OCDE, del 33.5%. De esos, Brasil presentó el dato más alto (31.6%), mientras que Guatemala registró el más bajo de América Latina (12.4%).

Esas estimaciones aparecen reflejadas en el informe Transparencia Fiscal en América Latina 2022. Informe de Progreso de la Declaración de Punta del Este, presentado a inicios de mayo en San José (Costa Rica), durante la sexta reunión de la Declaración de Punta del Este que organizó el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Firmada en noviembre de 2018, en esa ciudad de Uruguay y suscrita por los 15 países latinoamericanos que integran el Foro Global, la Declaración reflejó la decisión de iniciar un programa centrado en la región, con el propósito de implementar plena y eficazmente los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información (EOI) con fines fiscales entre las autoridades tributarias.

En la Declaración los países también ratificaron su voluntad de garantizar la correcta aplicación de su legislación fiscal nacional, fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales domésticas, maximizar el uso efectivo de la información intercambiada para hacer frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros, así como mejorar la cooperación fiscal internacional. Para alcanzar esos fines, la reunión celebrada en Costa Rica confirmó que se requiere una mayor determinación de los países para abordar todas las posibles implicaciones legales, políticas, técnicas y de recursos para promover la concienciación y el compromiso con el EOI a través de todos los niveles de sus administraciones.

El informe publicado señala que la región mejoró sus resultados durante 2021 en el marco del estándar de intercambio de información previa petición (EOIR), con estrategias para aumentar el número de solicitudes enviadas; en la implementación del estándar sobre beneficiarios finales; en el número de países que están realizando el intercambio automático de información en el marco del Estándar Común de Reporte (CRS-AEOI); en los países que ahora cuentan, en general, con mejores infraestructuras y redes de EOI basadas en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, que sienta las bases del EOIR y el CRS-AEOI; y que en algunos casos (aunque pocos todavía), el EOI ya está generando ingresos adicionales para la región.

Respecto a los retos, el informe indica que los países aún deben avanzar para: utilizar el potencial de las redes de EOI, aumentando el número de solicitudes de intercambio y garantizando su relevancia y calidad; aumentar las capacidades técnicas para ampliar la disponibilidad de información sobre el beneficiario final; reforzar las actividades de sensibilización y programas de asistencia técnica con énfasis en aquellos países que todavía no han fijado un año de primeros intercambios automáticos; asignar recursos y capacidades de formación sostenible para mejorar el nivel de conocimiento y habilidades de los funcionarios de las administraciones tributarias sobre el EOI; y, aumentar las posibilidades del uso de la información intercambiada para hacer frente no sólo a la evasión de impuestos, sino a otros delitos financieros graves.

De la región centroamericana, con excepción de Nicaragua, el resto de países son integrantes del Foro Global y signatarios de la Declaración. Se han registrado mayores avances para implementar el EOIR, aunque con progresos diferenciados, de acuerdo con las revisiones por pares efectuadas. Costa Rica, Panamá y Guatemala han sido evaluados en la segunda ronda de revisiones más recientes, pero solo el primero alcanzó la calificación de «Ampliamente Conforme»; el segundo fue calificado como «Parcialmente Conforme» y el tercero «No Conforme», por lo cual estos dos últimos están recibiendo asistencia técnica para subsanar sus deficiencias y deberán solicitar una nueva evaluación. El resultado de la revisión de El Salvador se espera para 2022, mientras que la revisión de Honduras está prevista para finales de 2023.

Con relación al estándar CRS-AEOI, Guatemala, Honduras y El Salvador aún no lo han implementado y tampoco han fijado fecha para realizar sus primeros intercambios en esta modalidad; por su parte, Panamá y Costa Rica ya están realizando intercambios automáticos pero aún deben mejorar sus marcos legales. La próxima reunión para continuar con el análisis de los  progresos realizados por los países en la implementación de la Declaración será en el próximo mes de noviembre. Urge que los gobiernos de Centroamérica tengan más voluntad política e impulsen esfuerzos concretos para avanzar en esta agenda.

Carlos Melgar Peña

Carlos Melgar Peña
Investigador del área de Acción política del ICEFI

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