La trasparencia no es sólo un componente técnico de la política fiscal. Debe ser una parte integral del desarrollo democrático, incluyendo la libertad de prensa.
Aunque algunos círculos tecnocráticos han aceptado a regañadientes que la transparencia sea un componente fundamental de la política fiscal, es común que se le entienda relegada a publicar información en plataformas informáticas en línea. Estas visiones suelen pretender que la fiscal sea una suerte de política ajena a los vaivenes políticos y sociales, esterilizada de la realidad cotidiana, y con ello, también los esfuerzos por transparentarla.
Desde esta perspectiva, un gobierno de corte autoritario y antidemocrático que ataca a la prensa independiente y viola el derecho fundamental a la expresión libre del pensamiento, podría calificar bien en términos de cuán transparente sea su política fiscal, toda vez se cuide de que sus plataformas en línea publiquen estadísticas de las finanzas públicas, y los sistemas informáticos de la contabilidad del Estado y del presupuesto tengan accesos públicos. Esta visión es tan equivocada como pretender que la política fiscal debe ser ajena a los desafíos del desarrollo humano, que la forma en que se configuran los sistemas tributarios no tiene que tomar en cuenta aspectos de justicia y redistribución de la riqueza, o que el gasto público no juega un rol fundamental en la reducción de la pobreza, en la igualdad de género o en el cumplimiento de agendas como la de 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Toda visión moderna, integral y responsable de la política fiscal debe concebirla como uno de los componentes principales de las agendas de desarrollo democrático e incluyente, y los esfuerzos por transparentarla no deben ser ajenos al contexto político y social general. Los teóricos y científicos sociales han identificado a la tributación y el gasto público como dos de los canales principales a través de los cuales el Gobierno se relaciona con la ciudadanía. Visiones más modernas e integrales ven además que la forma en que el Gobierno comunica al rendir cuentas de cómo usa los recursos públicos, en general lo que se entiende por transparencia fiscal, es también uno de estos canales de interacción entre el Estado y la sociedad.
Un gobierno legítimo, democrático y verdaderamente transparente, no solo se limita a informar publicando datos y estadísticas a través de plataformas informáticas en línea, sino que además es efectivo en comunicar todo lo relativo a su gestión. Se preocupa y ocupa por explicar lo que está haciendo. Crea y mantiene canales efectivos de comunicación, espacios legítimos de participación ciudadana, sin incurrir en el denominado open wash, es decir, manipular los espacios de gobierno o presupuesto abierto para aparentar transparencia y lavarse la cara para distraer la atención de actos de corrupción y otros abusos de recursos públicos.
Para esta forma democrática de comunicar, la prensa independiente es indispensable, fundamental en los momentos críticos del ciclo presupuestario, o la discusión de cambios en los componentes de la política fiscal. La transparencia de un gobierno y el rol de la prensa independiente son necesarios para que la ciudadanía se informe y se motive a demandar espacios para participar en discusiones como la del presupuesto público, o de una reforma tributaria.
Las mediciones y estándares internacionales sobre transparencia fiscal actuales no recogen esta dimensión, lo que evidencia que es un área aún en desarrollo, y que estamos aprendiendo cómo ser fiscalmente transparentes. Estos estándares deben evolucionar para insistir que la transparencia fiscal debe profundizar en aspectos como la participación ciudadana, y las garantías y respeto a derechos fundamentales como el de acceso a la información pública o la libertad de prensa o expresión libre del pensamiento.
Los deterioros antidemocráticos recientes en Centroamérica ofrecen ejemplos de esta falencia. Por ejemplo, en países como Nicaragua, El Salvador o Guatemala, se están produciendo violaciones a estos derechos fundamentales, y con casos cada vez más graves de persecución y acoso a periodistas y medios independientes de comunicación. Existen brechas importantes entre el ejercicio del derecho a la expresión libre del pensamiento en una de las ciudades capitales, y en un municipio alejado y aislado. En estos países, existen pueblos en los que hacer periodismo de investigación y denunciar actos de corrupción en una municipalidad, implican el encarcelamiento de quien hace el reporte, y en algunos casos, por desgracia, incluso la muerte violenta.
Pero en esos mismos países, en los que ocurren esos ataques tan graves a la prensa, por ejemplo, en Guatemala, las políticas fiscales califican como muy transparentes, porque, ciertamente, las plataformas en línea del Gobierno ofrecen gran cantidad de información. Este tipo de situaciones deben someterse a discusión y debate, para darle un sentido de legitimidad a la transparencia fiscal y evitar que degenere en el ya referido open wash.
Y una de las formas de caracterizar la legitimidad de la transparencia fiscal es justamente la necesidad de trascender el acto informativo, y evolucionar hacia la comunicación efectiva, que requiera, justamente, de comunicadores. Y que como estándar internacional se reconozca a la prensa independiente como los comunicadores idóneos de una política fiscal transparente.
De esta forma también se avanzaría en uno de las grandes brechas que generan las visiones tradicionales sobre la política fiscal, esa aparente desvinculación con el desarrollo democrático legítimo. Y es que, un régimen dictatorial perfectamente puede adoptar una política fiscal que mantenga las finanzas públicas financieramente sanas, con los indicadores macrofiscales en sus niveles cuantitativos ideales, pero a todas luces ilegítima. Una nueva visión de la transparencia fiscal nos permitiría entender que no todo es cuestión de cuadrar números, sino de cómo el Gobierno está relacionándose con la ciudadanía a través de los impuestos, del gasto o la deuda pública. Quizá ha llegado el tiempo de hablar de la necesidad de políticas fiscales no sólo más transparentes, sino también más legítimas, toda vez son implementadas por gobiernos democráticamente funcionales. Gobiernos que entienden que no sólo es cuestión de informar datos estadísticos y contables, sino de comunicarse con su ciudadanía, y que, para ello, necesitan de la prensa independiente.
Ricardo Barrientos
Economista senior y Coordinador del área de Acción política del ICEFI
En todos los aspectos, necesitamos transparencia.