Hace unas semanas, se materializó el riesgo de la invasión de Rusia a Ucrania lo cual se sumó a los problemas que hemos enfrentado recientemente a nivel mundial como la pandemia del Covid–19 y el retiro de los estímulos monetarios que se implementaron en los Estados Unidos de América, principalmente. Dicha invasión generó alarmas a nivel internacional y derivó en diversas sanciones económicas y políticas hacia Rusia por parte de los países más poderosos del mundo y, aunque parecía lejano el efecto que podría causar principalmente en la economía de Guatemala, hemos observado cómo la volatilidad en los mercados financieros globales se transmitió hacia el precio del petróleo con el consecuente incremento en el precio de los combustibles.
En ese aspecto, el incremento en el precio de los combustibles presiona al alza (y ya lo hizo) los precios de bienes que son esenciales para la población como el transporte, la industria, el comercio y la electricidad, entre otros. De ahí que en redes sociales, la población empezó a manifestarse pues el impacto en su bienestar se ve afectado negativamente ante el alza generalizada de precios, por lo que empezó a exigir una respuesta por parte del Estado para contener dichas presiones alcistas sobre los precios. Una de estas exigencias está relacionada con la eliminación del Impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP) cuya ley que lo rige se encuentra contenida en el Decreto Número 38-92 del Congreso de la República de Guatemala.
La referida Ley establece que la tasa del impuesto que se aplicará será específica a cada uno de los productos afectos a la misma, de modo que para el caso de la gasolina superior, de la gasolina regular y del diésel y gas oil la tasa es de Q4.70, Q4.60 y Q1.30 por galón (americano de 3.785 litros), respectivamente, mientras que para el caso del fuel oil (Bunker C) la tasa impositiva es de Q0.55 por galón. El resto de productos derivados del petróleo que están afectos a la citada ley se encuentran gravados con una tasa impositiva que asciende a Q0.50 por galón. De esa cuenta, hay quienes consideran que eliminar el IDP generaría un incremento en los ingresos disponibles de Q4.60 para el caso de aquellas personas que compran gasolina regular para el funcionamiento de su vehículo. Así, si tres veces al mes suelen llenar el tanque de gasolina con capacidad de 15 galones, la eliminación del impuesto implicaría un “ahorro” en su economía familiar de Q207 mensuales más el impacto sobre el resto de productos que se ven afectados por el incremento en los precios de los combustibles.
Sin embargo, el cálculo descrito anteriormente no es correcto. Los economistas suelen estudiar los efectos de los impuestos sobre los precios con base en los principios establecidos por la teoría de la demanda y de la oferta. Dichos principios establecen que no importa a quién se le cargue la tasa impositiva de un producto, dicho impuesto tendrá un efecto tanto sobre el consumidor final del producto como del oferente del mismo. Por tanto, la eliminación del impuesto no produciría una ganancia en el ingreso de las personas que compran combustible igual al valor del impuesto gravado sino será menor a Q4.60 por galón (para el caso de quienes consumen gasolina regular), valor que es conocido por los economistas como tasa de incidencia del impuesto que no es más que la verdadera tasa que es pagada por las y los consumidores del bien o servicio afecto al impuesto.
Dos efectos importantes al establecer un impuesto son la reducción de la cantidad que se demanda del bien que es gravado (dado el incremento en el precio del mismo) y un cambio en los ingresos del gobierno (al aumentar su recaudación). Adicionalmente, se genera una pérdida de bienestar en la sociedad pues existen personas que no están dispuestas a pagar el precio más alto para consumir el bien o servicio gravado. No obstante, conviene indicar que es de gran importancia evaluar si los recursos que son captados por el Estado por concepto del impuesto son utilizados de forma adecuada. De esa cuenta, cabe resaltar que la Ley a la que he hecho referencia en este espacio establece que del monto recaudado por la aplicación del impuesto a la gasolina superior, a la gasolina regular y al diésel, se destine Q1.00 por galón al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras (incluyendo la infraestructura de caminos rurales); así como Q0.50 por galón del mondo recaudado por la imposición al fuel oil para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación como fondo privativo para el Programa de Seguridad Alimentaria.
Derivado de lo anterior, es imprescindible que la población entienda y reconozca que la eliminación del IDP no solamente repercutiría en cada persona que utiliza la gasolina, el diésel y el fuel oil sino también sobre el estado de las carreteras urbanas y rurales pero, principalmente, sobre los programas que se destinan para mejorar la salud alimentaria y nutricional de una gran parte de la población en condiciones de vulnerabilidad. Así, es conveniente que quienes promueven la eliminación de este impuesto realicen un análisis costo beneficio de dicha acción. Parte del discurso estaría enfocado en la poca capacidad del Estado para gestionar esos recursos o la opacidad en el manejo de los mismos, razones que serían suficientes para eliminarlos. Sin embargo, ahí es donde el trabajo de auditoría ciudadana es primordial para que los recursos que son captados por el gobierno sean utilizados eficientemente y se incremente la transparencia fiscal, de modo que tengamos conciencia sobre la importancia de la captación de recursos para el bienestar de la población, particularmente de la más vulnerable. Finalmente, el Estado debe garantizar el apoyo a la población afectada ante el incremento especulativo en el precio del petróleo y sus derivados a través de la implementación de políticas consensuadas con la sociedad que contribuyan a revertir los efectos negativos del incremento de precios sin afectar las finanzas públicas del país.
Carlos Alvarado Mendoza
Coordinador de Relaciones Académicas del Instituto.
La corrupción es un mal social que hace que la economía decaiga cuando el dinero fluye hacia los bolsillos de los malversadores.
Observé que cualquier decisión relativa a la eliminación de los desplazados internos debe sopesarse cuidadosamente, teniendo en cuenta su impacto potencial en los ingresos del gobierno y la economía en general.
Una de las demandas específicas es la eliminación del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP), establecido en el Decreto Número 38-92 del Congreso de la República de Guatemala.