La corrupción continúa siendo uno de los mayores problemas que enfrenta América Latina; disminuye las posibilidades de crecimiento económico e inversión, desarrollo, paz y bienestar social; fomenta el debilitamiento de las instituciones democráticas y de la legitimidad de las autoridades públicas, al tiempo en que aumenta las barreras para el pleno cumplimiento de los derechos humanos de toda la población.
Recientemente, el Centro para la Justicia Internacional, Cyrus R. Vance, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, publicó la segunda edición de su reporte denominado Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2021/2022. El informe incluye la valoración, desde la óptica de la práctica jurídica, de los esfuerzos legales e institucionales para prevenir, sancionar y combatir la corrupción en diecisiete Estados de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Con la información recabada han propuesto una calificación que va de 10 (la mejor calificación) hasta 0 (la peor calificación). En esta evaluación Costa Rica ocupa el puesto número tres de diecisiete, con un punteo de 7.04, mientras Panamá se ubica en el puesto 12. En el sótano de la evaluación aparecen El Salvador, Honduras y Guatemala.
Centroamérica: resultados en la Evaluación anticorrupción en Latinoamérica 2021/2022
En Costa Rica, los analistas valoran positivamente el marco jurídico anticorrupción, si bien debe mejorar, principalmente en lo relacionado con las prácticas de lobby, la contratación en el sector privado de funcionarios y viceversa (puertas giratorias), así como en la protección de los denunciantes de actos de corrupción. Dentro de las barreras para la aplicabilidad del marco jurídico, se destaca la insuficiencia de mecanismos para la prevención de la corrupción, recursos materiales, financieros y humanos inadecuados e insuficientes en las agencias anticorrupción. En cuanto a las autoridades facultadas para prevenir, investigar o sancionar la corrupción, la evaluación revela que estas tienen en general la independencia necesaria para ejercer sus funciones, reiterando como un elemento negativo, la falta de presupuesto suficiente.
Sobre El Salvador, la evaluación concluye que el marco normativo anticorrupción es insuficiente, señalando la necesidad de establecer sanciones significativas para el nepotismo y el nepotismo cruzado, así como establecer períodos más amplios para la prescripción y previsiones para la reparación del daño en casos de corrupción. La falta de independencia del sistema de justicia y, en particular, de las autoridades anticorrupción para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, así como el uso político del combate a la corrupción constituyen los principales desafíos para la aplicabilidad de las leyes contra la corrupción. Se ejemplifica como una muestra de la falta de voluntad política la finalización del acuerdo de cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para respaldar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). La propia OEA advirtió acciones del gobierno de Bukele encaminadas a impedir los avances en las investigaciones sobre denuncias de corrupción que le afectaban, en contraste con el intento de inducir a la CICIES para investigar exclusivamente a la oposición. Adicionalmente, el informe evidencia la preocupación por el uso de monedas virtuales, como el bitcóin, que tienen implicaciones en temas de procedencia ilícita de recursos y corrupción, que es muy difícil rastrear.
La evaluación de Guatemala, el segundo Estado de Latinoamérica con la peor evaluación —solo superado por Venezuela—, concluye que el marco normativo anticorrupción es insuficiente. Falta fortalecer los mecanismos para la detección de actos de corrupción y sistemas de alertas, y crear políticas para prevenir la corrupción en los sectores público y privado. Dentro de los desafíos para la aplicabilidad de la ley, se identifican la falta de voluntad política y la debilidad institucional reflejada en la falta de independencia de las instituciones encargadas de sancionar la corrupción y la creación o modificación de legislación particular para favorecer ciertos intereses o personas. Se advierte el retroceso en la lucha contra la corrupción a partir del 2019, con el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Sobre la participación social, el informe hace notar que las organizaciones de sociedad civil se enfrentan a barreras para el ejercicio de sus funciones.
En el caso del Estado hondureño, el informe evidencia que el marco normativo anticorrupción es insuficiente, haciendo falta una ley integral y moderna para prevenir y sancionar la corrupción, tanto desde el sector público como en el privado. Por el contrario, ha habido reformas legales con el fin de obstaculizar a la justica. Como un fenómeno que limita la aplicabilidad del marco jurídico se encuentra la interpretación arbitraria de la ley de acuerdo a los intereses de sectores cercanos al poder, promoviendo la impunidad. Se percibe como un buen paso para retomar la lucha contra la corrupción, el llamado de la recién estrenada presidenta, Xiomara Castro, para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), recordando que el mandato que se le otorgue será determinante para definir el éxito en los alcances de la comisión.
Finalmente, en cuanto a Panamá, con un marco normativo anticorrupción insuficiente, este Estado carece de mecanismos de prevención, regulación de conflictos de intereses y extinción de dominio. Asimismo, las sanciones actuales son muy débiles. Los principales desafíos para la aplicación plena del marco jurídico son falta de independencia judicial y de los órganos de procuración de justicia; los inadecuados recursos económicos y humanos para las agencias anticorrupción, y la ausencia de un servicio civil de carrera que fomente la profesionalización en temas sustantivos técnicos y éticos.
El informe ofrece un conjunto de recomendaciones para cada uno de los Estados con el fin de cerrar los caminos a la corrupción, entre las que destacan cinco. Primero, impulsar el fortalecimiento de los mecanismos de ética pública e integridad de las autoridades con normas para desincentivar, detectar y sancionar prácticas de corrupción; segundo, impulsar un marco jurídico para la prevención de la corrupción en el sector privado; tercero, garantizar y apoyar los esfuerzos de las organizaciones sociales para prevenir, detectar y denunciar la corrupción; cuarto, impulsar reformas legislativas y política pública para el fortalecimiento del poder judicial conforme a estándares internacionales, que garanticen las condiciones de independencia judicial necesarias para un eficaz combate a la corrupción; y, quinto, impulsar la implementación de herramientas digitales y tecnología para la prevención de actos de corrupción en el sector público.
En Centroamérica, los gobernantes y, principalmente, la sociedad en general, deben comprender que luchar contra la corrupción requiere ir más allá de los discursos. Hace falta una agenda con acciones concretas, medibles y con financiamiento público garantizado, que acerque el marco legal y las instituciones nacionales a los estándares internacionales anticorrupción. En la actualidad, la corrupción es la principal financista del autoritarismo centroamericano, constituyendo así la mayor piedra en el camino hacia la democracia y el desarrollo de todos y cada uno de los centroamericanos.
Jonathan Menkos Zeissig
Director ejecutivo, Icefi
@icefi @jmenkos
La corrupción es un mal social que hace que la economía decaiga cuando el dinero fluye hacia los bolsillos de los malversadores.
Por el contrario, ha habido reformas legales con el fin de obstaculizar a la justica.
La corrupción debe eliminarse lo antes posible para garantizar la justicia para todos.
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