El domingo 6 de febrero, la sociedad costarricense acudió a las urnas para comenzar el proceso de elección de su futuro presidente, así como para cambiar a los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Los resultados preliminares confirman que, en el caso del Ejecutivo, habrá segunda vuelta, el 3 de abril, en la que competirán José María Figueres, expresidente de Costa Rica (1994-1998), del Partido Liberación Nacional —uno de los dos partidos más antiguos y tradicionales del país— y Rodrigo Chaves, ex ministro de Hacienda y quien compite con el partido de reciente creación (2018), Partido Progreso Social Democrático.
Ambos tienen en común haber estudiado en la Universidad de Harvard y cargar con hechos del pasado que han salido a relucir a lo largo de la campaña y que afectan su legitimidad social. El primero, Figueres Olsen, carga con el peso de haber gobernado y empujado un proceso de ajuste estructural que redujo el poder de la administración pública, así como casos de corrupción que han terminado siendo archivados sin que se le haya imputado delito alguno. Chaves por su parte, con una trayectoria profesional de cerca de 30 años en el Banco Mundial, fue denunciado por dos trabajadoras de ese organismo por un patrón de comportamiento inapropiado e insinuaciones sexuales. Esas denuncias y desconfianzas afectarán el proceso electoral y al momento de gobernar no importa quien resulte electo.
Por otro lado, mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de Costa Rica requiere en primer lugar la comprensión sobre la realidad y, a partir de ello, la propuesta de cambios estructurales que, infortunadamente, el gobierno saliente no pudo (o peor, no le interesó) llevar a cabo, lo que el partido oficial (Partido Acción Ciudadana) ha pagado caro en las urnas con su casi desaparición.
El país necesita reformas estructurales que permitan reconstituir la base económica y social que le hizo tan famoso y poco normal, para Centroamérica, décadas atrás: esto significa lograr generar más empleo y mejores salarios, fortaleciendo la clase media y evitando la actual tendencia a su depauperación; mejoras en la calidad de la educación, la salud y la protección social también son urgentes, principalmente para reducir las brechas de desarrollo y bienestar entre San José y el valle central y el resto del territorio y para aprovechar mejor la transición demográfica; el modelo de seguridad ciudadana también es un elemento que requiere reformas frente al incremento del crimen organizado internacional. Importantes inversiones en infraestructura económica (carreteras, principalmente) e innovación tecnológica son necesarias para lograr que Costa Rica avance por una senda de desarrollo sostenible y sostenido.
En el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica se pueden encontrar los planes de gobierno de los dos contendientes. Figueres Olsen ofrece «La vía costarricense al bienvivir», está muy vinculado con la agenda global de Desarrollo Sostenible y sus objetivos particulares. Incluye algunas metas claras, como por ejemplo, la creación de 200,000 empleos en dos años; disminuir en un 50% la pobreza extrema mediante una renta mínima familiar, beneficiando a 115,000 hogares; entre otras. También hay que advertir que algunos ofrecimientos tienen resultados menos concretos. El plan de gobierno de Chaves resalta la frase «queremos gobernar pensando en el bienestar público», carece de metas y resultados y es más bien un listado de buenas intenciones.
Finalmente, arreglar las finanzas públicas es vital para concretar los cambios estructurales. Porque la buena voluntad expresada en los discursos y en las promesas de campaña se topa con la cruda realidad fiscal de Costa Rica: la deuda pública cerró 2021 con un saldo de 70.3%, mientras el 22.5% del presupuesto de gasto público se destinó al pago de intereses de la deuda.
En el III informe centroamericano de política fiscal, publicado recientemente por el Icefi, se advierte que Costa Rica requiere, entre 2022 y 2030, movilizar cerca de USD46.5 millardos para el cumplimiento de la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, podría movilizar recursos para esta tarea reduciendo los privilegios fiscales, combatiendo los flujos ilícitos de capital, reduciendo la evasión de impuestos, haciendo reformas que doten de más progresividad al impuesto sobre la renta y reestructurando la deuda pública.
Mover las fuerzas del poder para lograr los grandes cambios que requiere Costa Rica, requiere de la búsqueda y concreción de un nuevo pacto social. La gran pregunta es si será posible que los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos en la Asamblea, los líderes religiosos y quien salga electo para la presidencia estén dispuestos a ceder un poco con tal de que ganen todos. El tiempo lo dirá.
Jonathan Menkos Zeissig
Director ejecutivo, Icefi
@icefi @jmenkos