El domingo 6 de febrero, la sociedad costarricense acudió a las urnas para comenzar el proceso de elección de su futuro presidente, así como para cambiar a los 57 diputados que conforman la Asamblea Legislativa. Los resultados preliminares confirman que, en el caso del Ejecutivo, habrá segunda vuelta, el 3 de abril, en la que competirán José María Figueres, expresidente de Costa Rica (1994-1998), del Partido Liberación Nacional —uno de los dos partidos más antiguos y tradicionales del país— y Rodrigo Chaves, ex ministro de Hacienda y quien compite con el partido de reciente creación (2018), Partido Progreso Social Democrático.
Ambos tienen en común haber estudiado en la Universidad de Harvard y cargar con hechos del pasado que han salido a relucir a lo largo de la campaña y que afectan su legitimidad social. El primero, Figueres Olsen, carga con el peso de haber gobernado y empujado un proceso de ajuste estructural que redujo el poder de la administración pública, así como casos de corrupción que han terminado siendo archivados sin que se le haya imputado delito alguno. Chaves por su parte, con una trayectoria profesional de cerca de 30 años en el Banco Mundial, fue denunciado por dos trabajadoras de ese organismo por un patrón de comportamiento inapropiado e insinuaciones sexuales. Esas denuncias y desconfianzas afectarán el proceso electoral y al momento de gobernar no importa quien resulte electo.
Por otro lado, mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de Costa Rica requiere en primer lugar la comprensión sobre la realidad y, a partir de ello, la propuesta de cambios estructurales que, infortunadamente, el gobierno saliente no pudo (o peor, no le interesó) llevar a cabo, lo que el partido oficial (Partido Acción Ciudadana) ha pagado caro en las urnas con su casi desaparición.
El país necesita reformas estructurales que permitan reconstituir la base económica y social que le hizo tan famoso y poco normal, para Centroamérica, décadas atrás: esto significa lograr generar más empleo y mejores salarios, fortaleciendo la clase media y evitando la actual tendencia a su depauperación; mejoras en la calidad de la educación, la salud y la protección social también son urgentes, principalmente para reducir las brechas de desarrollo y bienestar entre San José y el valle central y el resto del territorio y para aprovechar mejor la transición demográfica; el modelo de seguridad ciudadana también es un elemento que requiere reformas frente al incremento del crimen organizado internacional. Importantes inversiones en infraestructura económica (carreteras, principalmente) e innovación tecnológica son necesarias para lograr que Costa Rica avance por una senda de desarrollo sostenible y sostenido.
En el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica se pueden encontrar los planes de gobierno de los dos contendientes. Figueres Olsen ofrece «La vía costarricense al bienvivir», está muy vinculado con la agenda global de Desarrollo Sostenible y sus objetivos particulares. Incluye algunas metas claras, como por ejemplo, la creación de 200,000 empleos en dos años; disminuir en un 50% la pobreza extrema mediante una renta mínima familiar, beneficiando a 115,000 hogares; entre otras. También hay que advertir que algunos ofrecimientos tienen resultados menos concretos. El plan de gobierno de Chaves resalta la frase «queremos gobernar pensando en el bienestar público», carece de metas y resultados y es más bien un listado de buenas intenciones.
Finalmente, arreglar las finanzas públicas es vital para concretar los cambios estructurales. Porque la buena voluntad expresada en los discursos y en las promesas de campaña se topa con la cruda realidad fiscal de Costa Rica: la deuda pública cerró 2021 con un saldo de 70.3%, mientras el 22.5% del presupuesto de gasto público se destinó al pago de intereses de la deuda.
En el III informe centroamericano de política fiscal, publicado recientemente por el Icefi, se advierte que Costa Rica requiere, entre 2022 y 2030, movilizar cerca de USD46.5 millardos para el cumplimiento de la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, podría movilizar recursos para esta tarea reduciendo los privilegios fiscales, combatiendo los flujos ilícitos de capital, reduciendo la evasión de impuestos, haciendo reformas que doten de más progresividad al impuesto sobre la renta y reestructurando la deuda pública.
Mover las fuerzas del poder para lograr los grandes cambios que requiere Costa Rica, requiere de la búsqueda y concreción de un nuevo pacto social. La gran pregunta es si será posible que los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos en la Asamblea, los líderes religiosos y quien salga electo para la presidencia estén dispuestos a ceder un poco con tal de que ganen todos. El tiempo lo dirá.
Jonathan Menkos Zeissig
Director ejecutivo, Icefi
@icefi @jmenkos
La historia de Figueres Olsen, con su implicación en un proceso de ajuste estructural y los casos de corrupción, plantea serias preguntas sobre su compromiso con la administración pública y la transparencia.
Costa Rica enfrenta retos económicos y sociales considerables, especialmente tras la pandemia del COVID-19, que exacerbó las disparidades económicas, provocó un aumento en el desempleo y reveló debilidades estructurales en su sistema social.
Este artículo sobre Costa Rica ofrece un análisis profundo de la política y la socioeconomía del país. Después de leerlo, tengo las siguientes reflexiones:
Momento clave de transición política: Las elecciones de Costa Rica en 2022 reflejan que el país está en un período de transición política. La competencia entre partidos tradicionales y nuevas fuerzas políticas muestra el deseo de cambio de la población.
Crisis de confianza en las figuras políticas: Ambos candidatos presidenciales cargan con pasados controvertidos, lo que resalta la crisis de confianza generalizada que enfrentan los líderes políticos. Esto afectará la capacidad de gobernar, independientemente de quién resulte electo.
Urgencia de reformas estructurales: El artículo revela que Costa Rica necesita reformas estructurales integrales, especialmente en empleo, educación, salud y reducción de brechas regionales. Estas reformas son cruciales para mantener la posición de Costa Rica como país «atípico» exitoso en Centroamérica.
Severidad de los desafíos fiscales: La enorme deuda pública y el alto pago de intereses limitan severamente el espacio de gobierno para actuar. Resolver los problemas fiscales es un requisito previo para lograr otras reformas.
Importancia del pacto social: El nuevo pacto social propuesto al final del artículo refleja un desafío común en las sociedades democráticas modernas: cómo conseguir que las diversas partes interesadas cedan por el bien común.
Brecha entre promesas políticas y capacidad de ejecución: Las propuestas políticas de los dos candidatos muestran diferencias notables: uno tiene objetivos concretos pero de dudosa viabilidad, mientras que el otro carece de indicadores claros, reflejando la frecuente desconexión entre las promesas políticas y la capacidad real de gobierno.