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El crecimiento económico de Guatemala y la educación

Recientemente, el gobierno de Guatemala anunció y celebró con bombo y platillo la estimación preliminar de crecimiento económico, la cual se ubica en 7.5% para el año 2021 y que representa la cifra de mayor crecimiento de los últimos cuarenta años. Lo anterior, conjuntamente con un registro de incremento interanual de precios de 3.07% a diciembre de 2021 (cifra que se ubica levemente por arriba del límite inferior del rango de 4.0% +/- 1.0% establecido como meta de inflación por el Banco de Guatemala) ha hecho que el gobierno vitoreara las cifras a nivel nacional e internacional. Si bien dichas cifras son alentadoras y positivas, las mismas son resultado, principalmente, de la evolución de la economía de los Estados Unidos de América; en particular, de las medidas de estímulo fiscal que emprendió la administración Biden para paliar los efectos de la crisis sanitaria que enfrentamos a nivel mundial como consecuencia de la pandemia del Covid–19, mismas que se tradujeron en un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (22.0%) y, principalmente, en un incremento sustancial del ingreso de divisas por concepto de remesas familiares (34.9%) que contribuirían al crecimiento del consumo de los hogares.[1]

Por supuesto, no puede desconocerse la importancia del crecimiento económico como una condición necesaria para el desarrollo de una sociedad; sin embargo, no es suficiente puesto que la forma en la cual se crece es bastante más importante que el crecimiento per se. En ese sentido, debería existir una lógica de justicia en cómo el crecimiento es compartido a nivel social y es ahí donde surge la paradoja de este crecimiento en Guatemala: ¿por qué si se registró tanto progreso material la celebración del mismo no es compartida por toda la población? Me parece que ello tiene que ver con la forma en la cual se ha provisto de derechos sociales a los guatemaltecos quienes continúan demandando empleos formales, servicios de salud básicos, acceso a vivienda, seguridad ciudadana y servicios de educación, todos en términos de cobertura pero también de calidad. Por tanto, si hemos crecido a una tasa relativamente alta es posible resolver nuestros problemas sociales de una forma más sencilla que si no pudiéramos alcanzar dichos niveles de crecimiento económico.

Las demandas ciudadanas son variadas y numerosas pero basta con observar las asimetrías evidenciadas por la pandemia no sólo en el acceso a servicios públicos por parte de la población guatemalteca sino también en la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas para mitigar ciertos impactos. Uno de los principales problemas que fue exacerbado con la crisis sanitaria global fue las desigualdades presentes en nuestro sistema educativo: el acceso a la educación fue escaso y, en algunos casos, nulo para la niñez de familias de bajos ingresos, para la niñez con capacidades diferentes y las niñas fueron quienes tuvieron menor probabilidad de acceder a un sistema de aprendizaje cuando se les compara con los niños, de conformidad con la información publicada por el Banco Mundial.[2] Lo anterior se suma a la falta de acceso a tecnologías y a la falta de cobertura completa a energía eléctrica, de conectividad a internet, de equipo para realizar la conexión, lo cual se suma a las normas sociales y discriminatorias en materia de género que nuestra sociedad ha mantenido históricamente.

Gráfica 1. Centroamérica: simulación de la pérdida en años de escolaridad ajustados por aprendizaje debido a la pandemia del COVID-19.

Fuente: Icefi con base en datos del Banco Mundial (2021).

De conformidad con la información del Banco Mundial, la caída en el aprendizaje como consecuencia de la pandemia es importante: en Guatemala, se estima que los estudiantes estarían perdiendo alrededor de 1.2 años de escolaridad, lo cual equivale al 80% de los años de escolaridad registrados por un estudiante promedio previo al inicio de la pandemia. Dicha pérdida se basa en un ejercicio de simulación bajo el cual se asume un cierre de escuelas de 10 meses (un ciclo escolar completo) y un nivel intermedio de efectividad de mitigación. Las medidas de mitigación incluyen la cobertura de la educación a distancia, el acceso a dispositivos y la capacidad de los estudiantes de estudiar independientemente. En ese sentido, cabe recordar que, a la fecha, el sistema educativo guatemalteco acumula dos ciclos escolares con cierre de escuelas y que la mayor parte de los estudiantes no cuentan con acceso a dispositivos (o el acceso es parcial y de baja calidad) y la capacidad de los estudiantes de estudiar independientemente no es la adecuada, principalmente para la niñez de edad pre-escolar o de los primeros niveles de educación primaria, por lo que la pérdida podría ser mayor.

Adicionalmente, los factores anteriores implicarían que el porcentaje de alumnos por debajo del nivel mínimo de rendimiento se incrementaría.[3] En efecto, las simulaciones elaboradas por el Banco Mundial estiman que la proporción de alumnos cuyo nivel de rendimiento académico se encuentra por debajo del mínimo se incrementaría de 70% a 86%, cifra que superaría las estimadas para Honduras (de 70% se incrementa a 83%), Panamá (de 65% se incrementaría a 83%) y Costa Rica (de 41% se incrementaría a 60%).

Derivado de lo anterior, los estudiantes presentarían un gran impedimento para desarrollar habilidades básicas o fundamentales con las consecuentes implicaciones para su productividad e ingresos futuros. De hecho, las estimaciones del Banco Mundial sugieren que la pérdida de ingresos para la cohorte actual de estudiantes es equivalente a USD1,313 (en dólares PPA de 2017), lo cual afecta gravemente a nuestra sociedad pues estaremos experimentando una pérdida significativa de capital humano y de productividad para el futuro. Por lo tanto, es importante y urgente que nuestro sistema político actúe en favor de la ciudadanía más allá de su discurso de buena voluntad y de logros difíciles de sustentar, de manera que la provisión de educación pública domine a la que ha sido generada tradicionalmente bajo un criterio de mercado donde se gestiona pero se segmenta, ahondando las diferencias entre las y los estudiantes.

Así, los costos de la pandemia pueden reducirse y mitigarse si el gobierno es capaz de retener a los estudiantes dentro del sistema educativo y si mejora la efectividad de la educación a distancia. Para ello, es crucial mantener información actualizada que permita evaluar los avances en dicha materia para determinar sus principales desafíos. Asimismo, debe mejorarse el alcance y la participación de los grupos más vulnerables y menos privilegiados, lo cual permitirá reducir las desigualdades y las pérdidas de aprendizaje. Adicionalmente, desarrollar las habilidades pedagógicas de los docentes es fundamental, lo cual contribuiría a incrementar la efectividad de las estrategias de educación bajo el contexto actual.


El trabajo es arduo y las soluciones no son prontas ni mágicas para pretender que los resultados se materialicen en el corto plazo. Además, debemos reconocer que este esfuerzo demanda un compromiso colectivo que nos permita des-acostumbrarnos al ritmo en el que vivimos actualmente como sociedad en el que la costumbre a la desconexión entre los ciudadanos y entre ciudadanos y representantes ha erosionado nuestro tejido social. Si bien los gobernantes son responsables de implementar políticas que mejoren nuestro bienestar, la sociedad debe tener la capacidad de exigir respuesta a sus demandas y a hacer cumplir el trabajo para el cual los gobernantes fueron electos pero también de construir una sociedad en la que no exista contradicción entre asegurar derechos sociales y promover el crecimiento económico.


[1] Un análisis más completo de los factores que estarían incidiendo en la estimación preliminar de crecimiento económico para Guatemala puede encontrarse en: Icefi (2018), «Guatemala: análisis técnico de los resultados fiscales del segundo año de gobierno del presidente Giammattei», Nota de coyuntura, 01 –2022, enero 2022, disponible en: shorturl.at/eC456.

[2] The World Bank, UNESCO and UNICEF (2021), «The State of The Global Education Crisis: A Path To Recovery», Washington D.C., Paris, New York: The World Bank, UNESCO, and UNICEF, disponible en: shorturl.at/iwW12.

[3] Se considera que un estudiante se encuentra bajo el nivel mínimo de rendimiento cuando no es capaz de: identificar la idea central de un texto de longitud moderada, encontrar información siguiendo criterios explícitos aunque a veces complejos y reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se le indica.

Carlos Alvarado Mendoza
Coordinador de Relaciones Académicas del Instituto.

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