Una condición necesaria para una democracia funcional es que el relevo de las autoridades superiores del poder Ejecutivo y de la integración de la legislatura se realice mediante elecciones libres. Sin embargo, Centroamérica está consolidándose como una región que está demostrando que la realización de elecciones efectivamente es una condición necesaria, pero muy lejos de ser suficiente para garantizar que una democracia sea legítima y funcional.
Este noviembre la región está acercándose a un punto crítico, con elecciones generales el domingo 7 en Nicaragua y el domingo 28 en Honduras. Costa Rica las tendrá también muy pronto, en febrero de 2022, mientras que en Guatemala un ambiente de crisis permanente y un desgaste anticipado y agudo del gobierno del presidente Giammattei, prácticamente permite declarar que el proceso electoral ha iniciado de facto hacia las elecciones de junio de 2023.
De todos estos procesos, sin duda el más viciado es el nicaragüense, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo, esposos que buscan reelegirse como presidente y vicepresidenta, han ejecutado una campaña de represión y persecución política y judicial en contra de no sólo de sus opositores políticos, sino además de cualquier expresión de crítica. La represión en Nicaragua ha alcanzado a intelectuales, académicos, empresarios, la prensa, la sociedad civil organizada, organismos internacionales, por mencionar solo algunos en una lista muy larga de personas y sectores.
La situación actual de Nicaragua es una paradoja trágica y disparatada, porque en muchos sentidos la dictadura de Ortega y Murillo está replicando aspectos muy particulares de la dictadura de la dinastía Somoza, la cual hace más de cuarenta años, el propio Ortega y el sandinismo lucharon por derrocar. En una suerte de síndrome de Estocolmo retorcido y morboso, al mejor estilo somocista los dictadores Ortega y Murillo han capturado prácticamente toda la institucionalidad del Estado, han suprimido todo vestigio del sistema de pesos y contrapesos políticos, y han cercenado libertades fundamentales. Las víctimas de la represión y la persecución no se limitan a personas ubicadas a la derecha en el espectro ideológico, como algunos ingenuamente creen, sino también en contra de los más insignes, dignos y respetables miembros del sandinismo legítimo, de la izquierda honesta de Nicaragua. Semejante régimen celebrará elecciones, pero de ninguna forma puede considerarse democrático ni legítimo.
El proceso hondureño no se queda atrás. El presidente saliente, Juan Orlando Hernández vio derrumbarse su pretensión de reelegirse por segunda vez, y gobernar por un tercer período, luego de numerosos escándalos de corrupción, incluyendo un desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y graves señalamientos de represión como el asesinato de la activista indígena y ambientalista Berta Cáceres. Quizá los principales golpes a la credibilidad de Juan Orlando Hernández fueron la condena en 2019 a uno de sus hermanos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, y las investigaciones de las autoridades estadounidenses de su participación directa en delitos de lavado de dinero y narcotráfico a lo largo de su carrera política, incluyendo un supuesto aporte del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
Honduras es entonces otro ejemplo de un régimen que realiza elecciones, pero se caracteriza por una corrupción galopante y descontrolada, la captura de la mayoría de las instituciones estatales y violaciones a derechos y libertades fundamentales. Pero sobre todo, la pregunta más evidente es directa y cruda: ¿puede considerarse una democracia funcional y legítima un régimen cuyo presidente es señalado de narcotraficante, y su propio hermano ya ha sido condenado por ese tipo de delitos? No obstante, quizá la gran diferencia entre los casos hondureño y nicaragüense es que en Honduras las elecciones aún ofrecen la esperanza de un cambio que empiece a revertir la situación calamitosa actual, ya que la oposición política está participando, e incluso lidera algunas de las principales encuestas de intención de voto, mientras que la principal oferta electoral del partido oficial es un cambio que rompa con el régimen de Hernández. En contraste, en Nicaragua todo apunta a una elección sin opositores, porque están presos o en el exilio, y con ello la continuidad de la dictadura de Ortega y Murillo es lo más probable.
Costa Rica, pese a ser llamada por algunos como la Suiza de Centroamérica, una suerte de oasis de democracia comparada con el resto de la región históricamente caracterizada por la desigualdad, la pobreza, la guerra civil fratricida, el genocidio, los golpes de Estado y las dictaduras militares, no es ajena a las disfuncionalidades democráticas. Posiblemente continúa siendo la democracia más avanzada de la región, pero con una tendencia de retrocesos. Muy a la guatemalteca, su sistema político partidario está mostrando una fragmentación sin precedentes, con 27 partidos políticos compitiendo. Esta fragmentación advierte problemas como la escasez de liderazgos y dificultades para el diálogo político, falencia que se ha evidenciado crítica en temas como la diversidad de género, la separación entre Estado y religión, y de manera casi ya consuetudinaria, los cada vez más urgentes debates sobre la política fiscal, y dentro de esta, la necesidad de una reforma tributaria.
Este problema generalizado y creciente a nivel regional plantea peligros muy serios. Destaca el desencanto popular por la democracia, que tanto costó iniciar luego de las guerras y las dictaduras de las décadas pasadas. Las nuevas generaciones no valoran el derecho al voto y desconfían, con justificada razón, de los procesos electorales. Ante este panorama, deviene el peligro del retorno de las dictaduras, más rompimientos constitucionales, y quizá el peor de los peligros, la consolidación de la violencia, y no el diálogo y el debate político, como la vía para resolver los problemas. Siendo Nicaragua un caso en el que prácticamente las elecciones no ofrecen esperanza de cambio, los nudos políticos críticos de Centroamérica son Honduras el 28 de noviembre, y luego Costa Rica en febrero próximo. La agenda para el desarrollo integral de la región es compleja y amplia, pero su viabilidad se alejará aún más de lo que ya está toda vez se agudice el proceso de deterioro y retroceso de lo poco avanzado en el proceso democratizador.
Francisco Sales
Director de Servicios de Vertiv América Latina, responsable de toda la actividad del negocio de servicios en la región LATAM.
Ricardo Barrientos, Economista senior y Coordinador del área de Acción política.