Los países del norte de Centroamérica, así como los estados del sur de México presentan un común denominador en sus problemáticas sociales actuales: la migración irregular -que está ligada a diversas causas estructurales- de miles de sus ciudadanos que buscan alcanzar una vida digna, o al menos los ingresos para proveerla a sus familias, y para ello ven una oportunidad al norte del continente hacia donde emigran. El hecho de migrar a los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá o incluso a México, supone para los migrantes un reto en el cual se pone en juego hasta la propia vida. Las condiciones de un viaje irregular, evadiendo controles migratorios, transitando rutas controladas por grupos de crimen organizado y exponiéndose a ser capturados por los mismos, lo que conlleva a su vez a convertirse en posibles víctimas de varios delitos como la extorsión, violaciones, trata y explotación de personas o en el peor de los casos, su asesinato, son parte de los riesgos comunes que deben afrontar al momento de llevar a cabo un éxodo clandestino. Por si no fuera suficiente, en los últimos años no solo son adultos o jóvenes quienes arriesgan sus vidas migrando, sino que miles de niñas, niños y adolescentes también se suman a esta dinámica.
Asimismo, en Guatemala, Honduras, El Salvador y los estados del sur de México, también existen factores comunes que estructural e históricamente han representado un enorme obstáculo para cada uno de sus Estados en la consecución de su bienestar. Basta con revisar los indicadores que reflejan los altos y persistentes niveles de pobreza y desigualdad, dentro de contextos de presiones demográficas y violencia; el bajo dinamismo de la productividad y débiles encadenamientos del sector exportador con el resto de la economía; la orientación del cambio estructural económico en actividades de escaso dinamismo productivo; la insuficiente inversión pública y privada; las dificultades para mantener o mejorar sus cargas tributarias provocada por una baja recaudación tributaria y marcada por los elevados niveles de gasto tributario, elusión y evasión fiscal; el insuficiente empleo para la población joven; la amplia exclusión social y limitado ejercicio de derechos, entre otros factores medibles, han provocado que los modelos económicos presenten resultados mixtos y rezagos estructurales. Esto también condiciona que la migración sea por necesidad, siendo sus motivos multifactoriales y que se ha caracterizado por múltiples exclusiones, rigideces y debilidades.
Es ese sentido y atendiendo lo descrito anteriormente, el sistema de Naciones Unidas, por medio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó recientemente el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México. Dicho documento presenta como objetivo principal abordar las causas estructurales de la migración, en los países del norte de Centroamérica y el sur-sureste de México, hacia el norte. Además de atender los factores asociados al proceso migratorio, el Plan toma en cuenta los impactos ampliados y agravados por la pandemia del COVID-19. Con este Plan se busca contribuir a lograr que la migración en estos países sea segura, ordenada y regular. De igual forma, pretende atender las causas estructurales para aumentar el bienestar de las poblaciones para que la movilidad social sea una opción que se escoja libremente.
El reto que esto requiere respuestas innovadoras, lo cual se puede observar dentro del Plan, que incorpora el enfoque de derechos humanos y de seguridad humana (empleo, ingresos, educación, protección social, seguridad pública y medios de vida), con ello pone los derechos humanos de las personas en el centro de las atenciones, propone políticas de fomento para áreas rezagadas, integra la movilidad humana en una visión de desarrollo sostenible, entre otros elementos que también destacan. A su vez, el Plan, se interrelaciona con la Agenda 2030 y toma en consideración el aprendizaje que se ha obtenido de los impactos de la pandemia.
La estructura del Plan de Desarrollo Integral, incluye 15 programas temáticos, 114 proyectos que ya se encuentran listos para desarrollarse y un monto de financiamiento de US$ 45,000 millones para un periodo de 5 años. En conjunto, estas acciones se abordarían en 4 pilares que incluyen: el Desarrollo Económica; la Sostenibilidad ambiental, cambio climático y adaptación y reducción del riesgo de desastres; el Bienestar Social y la Gestión integral del ciclo migratorio. El Plan indica que las acciones se transmiten en todos los niveles, es decir, parten de lo regional, pasa a los nacional, se transfiere a lo territorial y concluye en lo sectorial. La movilización de los recursos se distribuye de la siguiente manera: US$ 31,200 millones para Desarrollo Económico, US$ 10,000 millones para Bienestar Social, US$ 3,300 millones para Sostenibilidad Ambiental y US$ 500 millones para el Ciclo Migratorio. Según se indica en el documento, este financiamiento parte de acciones individuales, así como de acciones coordinadas entre dos o más fondos, de los programas y organismos especializados dentro del Sistema de Naciones Unidas.
La implementación y éxito de este Plan, queda condicionado a los esfuerzos que los gobiernos hagan para atender las acciones que se han propuesto. Esto parte entonces, desde un plano político que permita una coordinación eficiente y oportuna, pero además, que debe combatir y erradicar condiciones que afectan su funcionamiento desde lo interno, como es el caso de la corrupción, que vuelve inoperantes a las entidades públicas y detiene el avance de cualquier acción que busque un cambio y desarrollo estructural. De esta cuenta, atender las causas de la migración irregular, también conlleva a una mejora en todo sentido y nivel de nuestros sectores públicos, lo que a su vez se traduce en una nueva oportunidad de lograr un cambio trascendental si realmente existe la voluntad política. El Plan de Desarrollo Integral tendrá que superar diversas dificultades tomando en consideración el contexto de los gobiernos de los países que integra y sólo el tiempo dirá si estas acciones lograran hacer un cambio trascendental o será otro plan más que quedará dentro de los intentos fallidos por cambiar nuestras realidades.
Carlos Gossmann
Economista Investigador del área de Presupuestos públicos y Derechos Humanos