En 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, con lo cual refrendó la celebración que desde 2015 había promulgado la Conferencia General de la UNESCO. La decisión reconoce la importancia que este derecho humano tiene para una sociedad democrática y para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible 16, que al promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, contempla en la meta 16.10, «Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales».
En su resolución, la Asamblea General recuerda que el derecho fundamental de las personas a buscar, recibir y difundir información en manos de las entidades públicas es un aspecto integral del derecho a la libertad de expresión, que además sirve como mecanismo para apoyar la apertura y la rendición de cuentas de los gobiernos, así como un mayor empoderamiento e igualdad entre todos los grupos sociales. Al respecto, la región centroamericana ha registrado avances para garantizar el acceso a la información mediante la aprobación de leyes específicas de la materia en Panamá (2002), Honduras (2006), Nicaragua (2007), Guatemala (2008) y El Salvador (2010), y mediante disposiciones dispersas en varios cuerpos normativos en Costa Rica.
El reto principal, sin embargo, continúa ubicándose en la implementación de las leyes. Por eso, la conmemoración resulta útil para reflexionar sobre los asuntos pendientes en cada país para que las personas puedan ejercer este derecho sin obstáculos; pero además, que cuenten con herramientas legales y órganos garantes para protegerlo frente a los abusos cometidos por las autoridades obligadas a proporcionar información. Esto implica una revisión crítica y exigencia social para incorporar mejoras a las leyes; fortalecer a los órganos garantes con el fin de asegurar su independencia funcional y fortaleza presupuestaria para que cumplan sus atribuciones; revisar y fortalecer el marco legal sobre datos personales, datos abiertos y sistemas de gestión documental o archivos, entre otros.
Además, resulta imperativo abordar los mecanismos para erradicar o contrarrestar los riesgos a la vida o la integridad personal que están enfrentando muchas personas por solicitar información pública. Esto es vital en un contexto sombrío en el que la pandemia del Covid-19 agravó los virus de la corrupción, la opacidad y el autoritarismo, alentando acciones regresivas encaminadas a desmantelar los mecanismos institucionales de protección de este derecho, y en algunos casos a revertir criterios administrativos y jurisdiccionales que se habían logrado en años recientes para que prevaleciera el acceso a la información en detrimento del secreto gubernamental. Precisamente ese contexto sanitario confirma también este derecho humano como factor sustancial para enfrentar la «infodemia» o desinformación.
Por su relevancia, el acceso a la información es uno de los elementos esenciales de la transparencia fiscal. Los Principios de Alto Nivel para la Transparencia Fiscal, la Participación y la Rendición de Cuentas de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés) y los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, expresan que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir e impartir información sobre las políticas fiscales; también, que los Estados deben producir, publicar y dar acceso a información fiscal de calidad, y que los sistemas jurídicos nacionales deben establecer una clara presunción a favor de la disponibilidad pública de la información fiscal sin distinción.
Enlos Principios de Participación Pública en las Políticas Fiscales, también de la GIFT, se identifica el acceso a la información fiscal como una condición para facilitar la participación pública e indica la importancia de que las entidades públicas utilicen formatos que sean fáciles para todos de comprender, usar, reutilizar y transformar. El Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, añade que la información fiscal disponible debe ser clara, confiable, frecuente, oportuna y relevante, contemplándose además las facilidades para que las personas puedan encontrarla e influir para que los gobiernos rindan cuentas por sus decisiones de política fiscal.
Esta celebración contribuye entonces a recordar que los Ministerios de Hacienda o Finanzas Públicas de la región deben redoblar esfuerzos para proveer el acceso a información fiscal a través de los Sistemas Integrados de Administración Financiera, cuando esto sea posible; a través de portales electrónicos, con información que se encuentre organizada y de fácil búsqueda; de la publicación oportuna de los ocho documentos presupuestarios clave que recomienda la Encuesta de Presupuesto Abierto; de más información disponible en formatos de datos abiertos, entre otros.
De manera proporcional a las responsabilidades de las instituciones públicas, es necesario un trabajo intenso para aumentar el número de usuarios de la información, es decir, más personas con habilidades de interpretar los datos y usarlos para exigir un mejor uso de los recursos públicos. Así, la apertura de la información podría crear más beneficios al constituir una herramienta para la realización de otros derechos humanos y permitir a sectores sociales marginados o excluidos conocer qué derechos tienen y la forma de hacerlos efectivos, como le sucedió a un grupo de mujeres en Guatemala, que a partir de solicitudes de información implementaron un proyecto comunitario de subsistencia para más de 600 familias. Hacia esos cambios en la calidad de vida de las personas se deben dirigir estas acciones de transparencia.
Carlos Melgar Peña
Investigador del área de Acción política del ICEFI