La transparencia fiscal está demostrando ser una condición muy necesaria, pero insuficiente para que Centroamérica supere la corrupción y los retrocesos en su proceso democrático.
Algunos de los países centroamericanos han destacado por sus avances técnicos en transparencia fiscal, incluso merecedores del reconocimiento internacional. Por ejemplo, entre los consejeros de la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal, GIFT por sus siglas en inglés, destacan entidades de gobierno y de la sociedad civil de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, por haber logrado avances en implementar sistemas de acceso público que proveen información sobre ejecución presupuestaria, adquisiciones públicas, servicio civil, deuda pública y otros.
Sin embargo, la ciudadanía en estos países continúa manifestando desconfianza profunda hacia sus autoridades. Por desgracia, la mayoría de las veces, esta desconfianza y enojo ciudadanos son con toda razón, ya que responden a escándalos de corrupción frecuentes, la propagación de actitudes y políticas autoritarias y antidemocráticas, que tergiversan el espíritu legítimo de las herramientas tecnológicas de transparencia fiscal.
Para empeorar severamente las cosas, algunos gobernantes centroamericanos han sucumbido a la tentación de alardear de los avances en las herramientas de transparencia fiscal, tergiversándolos en propaganda de emergencia justo cuando estalla un escándalo de corrupción u otro revés político. En junio pasado el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, alardeaba que el suyo es «el gobierno más transparente que ha habido en el país», justo en medio del escándalo de las anomalías y la opacidad de la adquisición pública de vacunas contra el Covid-19 al Fondo Ruso de Inversión Directa, y solo un par de semanas después de una readecuación presupuestaria mayor en la que se creó una asignación presupuestaria sin recursos por US$ 1,460 millones y un fondo opaco y discrecional de más de US$ 240 millones, violentando los principios y estándares más elementales de transparencia fiscal.
El caso de El Salvador no es mejor al guatemalteco. A diferencia del presidente Giammattei, Nayib Bukele goza de una popularidad arrolladora, y con ella el peligro de terminar siendo otro ejemplo de la veracidad del famoso dictum de Lord Acton: «El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente». En adición a prácticas claramente autoritarias y de corte dictatorial como el ataque a sectores independientes como la prensa y la sociedad civil organizada, el presidente Bukele dio un impresionante salto al vacío económico al legalizar el curso de la criptomoneda Bitcoin, con un adefesio legislativo cuyas debilidades técnicas ya gozan de fama mundial.
Es ya evidente que las falencias de la Ley Bitcoin salvadoreña tendrán un impacto fiscal negativo considerable, derivado de la creación de un fideicomiso de US$ 150 millones en el Banco de Desarrollo de El Salvador para garantizar la convertibilidad automática e instantánea del bitcoin al dólar estadounidense. Por si este fideicomiso no fuera suficiente riesgo fiscal, en junio pasado el gobierno salvadoreño evidenció desesperación por la propagación de la desconfianza y el temor, al anunciar que regalaría US$ 30 a cada salvadoreño, para estimular el uso del bitcoin, con un costo de hasta US$ 120 millones. Ambas medidas monumentos de opacidad fiscal, ya que las propuestas carecen de explicaciones de sus efectos presupuestarios y fiscales de mediano y largo plazo, sumamente peligroso para un país con las dificultades fiscales como las de El Salvador.
En Costa Rica, reconocida como la democracia más avanzada de la región, la corrupción continúa siendo una causa importante de la desconfianza ciudadana, con un nuevo escándalo que estalló en junio pasado, evidenciando abusos en proyectos de inversión pública de infraestructura, sin nada que envidiarle al caso Lava Jato. Este escándalo agudiza la ya aguda incapacidad del gobierno costarricense para estabilizar y sanear sus finanzas públicas.
Si esta es la situación en los países que califican mejor en las mediciones internacionales de transparencia fiscal, los casos de Honduras y Nicaragua se sitúan aún peor. La crisis en Honduras es mayúscula, en un año electoral accidentado en el que el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, está inmerso en señalamientos muy graves de vinculación con el narcotráfico, luego que su hermano ya fue condenado en Estados Unidos por esos delitos. Y en Nicaragua, seguramente el peor de los casos en la región, se hunde también en un proceso electoral ilegítimo caracterizado por la persecución represiva de los candidatos opositores, la prensa y la sociedad civil organizada, al punto que hablar de transparencia fiscal en Nicaragua suena a una exquisitez ociosa y dislocada de la realidad.
Como bien dicen los principios de la GIFT, para que la transparencia fiscal sea una contribución efectiva a la confianza ciudadana, la gobernanza legítima y democrática, publicar datos en sistemas de acceso público no basta. La transparencia fiscal debe incluir componentes fuertes de participación ciudadana, respeto a las libertades democráticas, y una colaboración horizontal entre gobiernos y la sociedad civil. En esto, Centroamérica tiene grandes desafíos por superar.
Ricardo Barrientos
Economista senior y Coordinador del área de Acción política del ICEFI