De forma casi inadvertida, la prevalencia de la subalimentación pasó de representar un 8.4% de la población a nivel mundial en 2019 a 9.9% en 2020 según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021 publicado por la FAO. Esto significa que, en promedio, alrededor de 768 millones de personas padecieron hambre durante 2020, de las cuales al menos 60 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Esto se dio a la sombra de la pandemia del COVID-19 y sus efectos entorpecen aún más el avance para lograr cumplir con el ODS-2 (Hambre Cero) y sus metas.
En Guatemala el hambre y la falta de seguridad alimentaria es de hecho un problema estructural, que surge a partir de causas subyacentes, como la desigualdad de ingresos que eleva el riesgo de la inseguridad alimentaria y la pobreza, que repercute negativamente en la calidad de los alimentos que se pueden consumir. La problemática se agrava y se ve reflejada en la niñez, dado que resulta ser el grupo poblacional más vulnerable ante esta problemática. Según el informe de la FAO (2021), se estima que durante 2020 el 22% de las y los niños menores de 5 años, alrededor de 149.2 millones a nivel mundial, sufrió retraso en su crecimiento, es decir desnutrición crónica infantil (DCI). Las cifras más recientes para Guatemala, dan cuenta que al 2019 los casos de DCI habrían alcanzado a más de 167,860 menores de 5 años. La mayor proporción de estos casos se da en niñas y niños entre 1 a 4 años (65.3% del total).
Según la distribución geográfica, el 53.5% de la niñez con DCI se concentraba en los departamentos de Quiché (20.2%), Huehuetenango (19.4%) y Alta Verapaz (13.9%); situación que refuerza lo que la última Encuesta de Salud Materno Infantil (ENSMI 2014/15) reveló en cuanto a que el rostro de la DCI en Guatemala es más notorio cuando se trata de niñas y niños del área rural, con población que pertenece a etnias indígenas, con madres sin ningún nivel de educación y que provienen de hogares dentro del umbral de pobreza extrema.
Por su parte, los datos de los boletines de Situación epidemiológica de la Desnutrición Aguda (DA) que presenta la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), muestran que al 2020 se registraron 27,913 casos de DA en menores de 5 años, con un incremento del 79.5% respecto al 2019 que registró 15,547 casos. En mayor proporción estos casos ocurren en menores de entre 2 a 24 meses y lamentablemente, 50 menores fallecieron por causas relacionadas a la DA, es decir, el hambre condicionó muertes prematuras que pudieron ser evitadas.
Cifras más recientes muestran que a julio de 2021, se lleva registro de 17,453 casos de DA, 13.4% más comparado con el año 2020, con un total de 20 niños y niñas fallecidos, que en el 100% de los casos fueron menores de 2 años. Esto se traduce en una tragedia dentro de un contexto que además del caos por la pandemia, se suma un escenario en donde miles de familias siguen sin tener acceso a una alimentación mínima que les permita el contenido calórico y proteico para sobrevivir, siendo los hijos más pequeños las víctimas del hambre.
La actual administración de Gobierno tiene en vigencia la estrategia denominada La Gran Cruzada por la Desnutrición, con la cual se pretende trabajar en conjunto con todos los diversos actores sociales, políticos y de cooperación internacional para mejorar la nutrición de las familias guatemaltecas, con énfasis en los menores de 5 años, mujeres en edad fértil, población rural e indígena y en condiciones de pobreza. Dentro de las metas para cumplir durante el presente periodo de gobierno destaca la reducción de 7 puntos porcentuales de la tasa de DCI, es decir pasar de una tasa de 46.5 a 39.5 de menores de 5 años con DCI, lo cual se queda muy lejos de lograr la Meta 2.2 del ODS-2 respecto a poner fin a todas las formas de malnutrición a más tardar en 2025.
Que el Gobierno cumpla con este y otros retos, dentro de un contexto tan desfavorable ante la crisis sanitaria por la pandemia, se ve muy complicado. En parte porque el presupuesto no logra una eficacia en su gasto; según los datos presupuestario relacionados a las acciones de Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en 2020 se ejecutaron Q4,391.9 millones de Q4,756.8 millones que se tenían vigentes, es decir se obtuvo una ejecución del 92.3% lo que refleja que más de Q364.9 millones se quedaron sin proveer atenciones a la población en situación de inseguridad alimentaria. Además, si se toman en cuenta las metas físicas vigentes del programa de Prevención de La Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica que ejecuta el MSPAS, del 2020 al 2021 se redujeron alrededor de 1.2 millones de niñas, niños y mujeres beneficiarias del programa, situación que simplemente es inaceptable tomando en cuenta nuestro contexto.
En ese contexto, el esfuerzo que implica atender a la niñez para garantizar su derecho a la alimentación, requiere de una reformulación de la estrategia, tomando en consideración que la batalla ahora se lucha en dos frentes, por una parte, la lucha contra el hambre y por otra, contra el COVID-19 y los efectos que esto representa. Por ello, lograr cumplir con las metas del ODS-2 hacia el 2030 se definirá por la voluntad política y el compromiso de quienes gestionan la administración pública y también, por el incremento de los recursos (físicos y financieros), con el fin que ningún niño o niña siga muriendo de hambre.
Carlos Gossmann
Economista Investigador del área de Presupuestos públicos y Derechos Humanos