Fijarse como meta erradicar la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo tiene que ser una obligación moral para el sector privado. Pero también un imperativo económico, puesto que la inacción de las empresas al respecto tiene costos significativos.
Distintas investigaciones recopiladas por Naciones Unidas calculan que el costo global de la violencia contra las mujeres puede ascender hasta el 2% del producto interno bruto (PIB) mundial. Eso equivale a unos US$1,5 billones, es decir, el equivalente a la economía de Canadá. En el caso de una compañía de la lista Fortune 500, por ejemplos, esto representa pérdidas anuales de US$6,7 millones provocadas por absentismo, baja productividad y otras consecuencias de la intimidación y el acoso sexual o psicológico a las mujeres en el ámbito laboral.
Se han hecho numerosos estudios por países, pero como ejemplo sirven estos dos: En Papúa Nueva Guinea los días de trabajo que se pierden por violencia de género cuestan entre el 3 y el 9% de la masa salarial de las empresas. Mientras, en Perú se pueden llegar a contabilizar hasta 70 millones los días de trabajo perdidos al año por esta razón.
La violencia de género también deja huellas más intangibles, pero igualmente costosas para el sector privado. Desmotivación, baja satisfacción laboral, altos niveles de estrés, caída en el desempeño del trabajo en equipo y daño irreparable a las relaciones interpersonales, entre otras. Esos mismos problemas afectan a las mujeres que son víctimas de prácticas violentas y abusivas en sus casas, por lo que las empresas deberían empezar a considerar cómo traspasar la esfera laboral, para tratar de ayudar a quienes estén sufriendo situaciones de violencia en el ámbito doméstico.
Los altos costos de un ambiente laboral tóxico y de potenciales demandas judiciales por situaciones de violencia o acoso sexual son innegables. Algunas medidas que pueden tomar las empresas para revertir esa situación requieren compromiso y tiempo para resultar eficaces, pero no una gran inversión económica:
Liderando todos estos cambios de mentalidad en el sector privado están proyectos como “HERrespect”, de la organización BSR. Este proyecto, diseñado para combatir los altos niveles de violencia y acoso que sufren las mujeres trabajadoras en fábricas textiles y explotaciones agrícolas de países en desarrollo. Otra iniciativa es de la compañía Sodexo, que otorga oportunidades de empleo a sobrevivientes de violencia de género. Y otro ejemplo son los institutos de justicia, para mejorar la protección a las víctimas, promovidos por la Fundación Avon.
El necesario cambio en el ámbito empresarial debe ir acompañado, no obstante, de un cambio social que en América Latina y el Caribe se ve lejano, a la luz de los resultados de una reciente encuesta en ocho países de la región. Más del 80% de los menores de 25 años respondieron que creen que los hombres pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, pero las mujeres no. Las empresas tienen la urgente misión de erradicar la violencia en el lugar de trabajo.
eleconomista
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