Los niños, niñas y adolescentes centroamericanos constituyen el 42% de la población total, es decir, cerca de 17.2 millones de personas. Las inversiones que la sociedad hace en ellos, además de concretar la realización de sus particulares derechos, debe constituir una apuesta para la reorientación de los patrones de desarrollo actuales ―de bajo crecimiento y desigual distribución del bienestar―, hacia modelos económicos y políticos que, por medio de la equidad, consoliden la democracia al tiempo que garantizan mayores tasas de crecimiento económico, reducción de la pobreza y las desigualdades y mejoras en la competitividad de las naciones.
En un reciente estudio elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y Plan Internacional, se determinó que las inversiones públicas en cada niño, niña y adolescente centroamericano oscilan anualmente entre USD 148.1 en Nicaragua, y USD2,851.5 en Costa Rica, país que además de tener los niveles más altos de inversión en este grupo poblacional, constituye el que más esfuerzos ha hecho por seguir ampliando dichas inversiones en los últimos años. En Guatemala y El Salvador también se identifican mayores recursos públicos ejecutados en programas que benefician a los niños y adolescentes, mientras en Honduras y Nicaragua se registra un retroceso cuando se comparan, en términos del PIB, las inversiones de 2007 y 2011.
Centroamérica: algunos indicadores sobre las inversiones públicas en niñez y adolescencia, 2007-2011
Otro aspecto a resaltar es el sesgo pro-niñez que tiene el gasto social ejecutado en toda la región. El índice de focalización que relaciona la participación relativa de las inversiones directas en niñez y adolescencia con respecto a la inversión social total y el peso relativo de la niñez y adolescencia de 0 a 17 años sobre el conjunto de la población, revela que existe una clara tendencia a mantener la prioridad en la asignación y ejecución de recursos destinados a garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia, por encima del resto de inversiones sociales y a pesar de los estrechos márgenes de maniobra de la política fiscal, afectada por crecientes compromisos de pago de la deuda pública.
En cuanto a la distribución de los recursos, en promedio, de cada US dólar invertido por los Estados centroamericanos, en los niños y adolescentes, cerca de 63 centavos se destinan a su educación; otros 19 se dirigen a financiar programas para garantizar su salud, mientras que aproximadamente 10 centavos se utilizan para programas de protección social. Con menos recursos se encuentran los programas destinados a las necesarias mejoras de vivienda y servicios comunitarios como el agua potable, a donde solo llegan 4 centavos; menos de 2 centavos se destinan a programas de prevención de la violencia y menos de un centavo se dirige a la ejecución de actividades recreativas, culturales y religiosas.
Centroamérica: ¿Cómo se distribuye cada US dólar invertido en un niño o adolescente? Promedio 2007-2011
Esta composición de las inversiones públicas en los niños y adolescentes de la región, explica en buena medida los avances en materia de cobertura de la educación primaria y secundaria (en algunos países), el mayor peso de los programas de transferencias monetarias en efectivo ―como instrumentos para aumentar la demanda de servicios públicos y trasladar recursos financieros a los hogares más vulnerables― y las reducciones en la mortalidad infantil. Por otro lado, también se puede advertir que hacen falta mayores recursos para garantizar mejoras en el manejo de desechos sólidos y más acceso a agua potable, así como programas para la prevención de la violencia y la recreación.
Se debe reconocer el esfuerzo que los Estados están haciendo para aumentar sus inversiones para la niñez y adolescencia. Sin embargo, la sociedad centroamericana debe continuar avanzando en la búsqueda del bienestar de este segmento de la población, pues garantizar a todos la realización de proyectos de vida plenos, constituye la mayor oportunidad para asegurar el mejor futuro de Centroamérica.
En ese sentido, la alta disposición social para abordar lo relativo a sus niños y sus adolescentes puede allanar el camino para un pacto social y fiscal que, con un enfoque de desarrollo basado en derechos, establezca metas a alcanzar y hojas de ruta que aseguren su cumplimiento, además de acordar fuentes de financiamiento sostenibles y procesos confiables y oportunos de transparencia y rendición de cuentas. En los actuales momentos, en que se están dando cambios políticos en toda la región bajo escenarios de poca confianza en las instituciones, públicas y privadas, un pacto fiscal de esta envergadura, podría ser el inicio de un proceso para la necesaria reconstrucción de la legitimidad ciudadana hacia sus autoridades políticas y líderes económicos y sociales.