A la hora de diseñar un buen programa de seguridad ciudadana para América Latina y el Caribe, los gobiernos requieren responder dos preguntas claves: qué funciona mejor y por qué funciona.
La respuesta no puede ser intuida. Para que un programa tenga los efectos deseados, es importante contar con métricas e indicadores sólidos. Enfrentar a la violencia no es una cuestión de más fuerza sino de una acción más inteligente.
La violencia tiene un costo oculto para ellos
Es desde esta perspectiva integral que el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo el concurso de investigación para medir el costo de la violencia en la región. El propósito iba más allá de efectuar una mera contabilidad de las pérdidas materiales en gastos del sistema de justicia, policía y salud, para explorar de modo adicional las pérdidas intangibles, expresadas en el temor, la percepción de inseguridad y el daño psíquico del fenómeno delictivo.
El ejercicio no es una mera reflexión académica. Permite avanzar sobre las opciones de política pública que sean más eficaces y tengan mayor impacto, y también tener un diálogo estratégico entre el sector público y el sector privado y la sociedad civil, sobre los cuales recaen muchos de los costos de la violencia.
Al interior del Estado, este ejercicio alimenta una discusión respaldada en información entre los ministerios de seguridad y las áreas de planeamiento, economía y presupuesto, para que las políticas de prevención de la violencia constituyan decisiones de Estado, que cuenten con financiamiento de mediano y largo plazo en función de su eficacia comprobada.
La respuesta del mundo académico fue formidable: se seleccionaron ocho propuestas de las 117 que fueron presentadas. Algunas de las conclusiones de los estudios también abren caminos para un debate profundo acerca de las mejores alternativas a encaminar.
La violencia y cl crimen constituyen un problema que afecta el desarrollo de América Latina y el Caribe. Atender a sus causas profundas a través de soluciones sustentables requiere de una gestión pública de calidad, entendida como política de Estado. El diseño de estas políticas enfrenta un desafío mayúsculo: consolidar no sólo consensos institucionales entre los diversos actores, sino además generar un núcleo de conocimiento con aporte de diversas disciplinas científicas. En el marco de este diálogo estratégico, la economía de la violencia tiene mucho que aportar.
Este texto fue publicado originalmente en el blog Sin Miedos, de seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). @BID_Seguridad
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