Este 24 de enero se estará conmemorando el Día Internacional de la Educación, proclamado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el cual tiene el lema para este 2022 de “Cambiar el rumbo, transformar la educación”. Este lema se interrelaciona con las realidades que presentan los sistemas de educación dentro de un contexto que ha cambiado en los últimos dos años, derivado de la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, donde aún se presenta un futuro incierto de cómo se podrá regresar a la normalidad que conocíamos antes del 2020 y lo que esto representa en la reestructuración de la educación para millones de niñas, niños y adolescentes, la cual ha sido fuertemente impactada. No obstante, también hay que recordar que incluso antes de la pandemia, existían problemas en los sistemas de educación latinoamericanos que requerían la atención de las autoridades para: mejorar las relaciones humanas, atender los cambios en la tecnología y adoptarlos, entender la importancia de la innovación y aplicarla, y finalmente la necesidad de resolver problemas de equidad, inclusión y la participación democrática.
En 2022, los retos siguen siendo grandes, puesto que los impactos de la pandemia aún persisten y las modalidades de educación se siguen adaptando para continuar prestando sus servicios. Según un informe de Unicef (2021)[1], en 2020 se estimó que 159 millones de niños y niñas fueron expulsados de las aulas. En América Latina y el Caribe las y los alumnos se han enfrentado a cierres de centros escolares por periodos de tiempo más largos en comparación con el resto del mundo. Los datos a octubre de 2021 daban cuenta que 74 millones de niños, niñas y adolescentes aún se encontraban afectados por el cierre total o parcial de escuelas en la región, lo que representaba en promedio hasta 156 días sin clases presenciales desde el inicio de la pandemia. Asimismo, si bien los gobiernos otorgaban oportunidades para continuar con el aprendizaje a distancia, este presentó diversas limitaciones, entre las cuales destacan la calidad del servicio, que varía en toda la región, y la brecha digital, que marginó y dejó rezagados a miles de estudiantes. En este último punto, se estima que el 40% de las y los estudiantes de la región, no lograron acceder a las modalidades de aprendizaje a distancia ni por radiodifusión, lo que en buena medida estuvo relacionado a que 3 de cada 10 personas no cuentan con acceso a internet. A esto se suma que lamentablemente la niñez y adolescencia en las zonas rurales, las comunidades indígenas y migrantes, así como las personas que cuentan con alguna discapacidad, se ubican entre la población con menor probabilidad de acceso al aprendizaje digital y con un mayor riesgo de abandono escolar.
Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguen vigentes y ahora más que nunca es indiscutible que los gobiernos deben tomar acciones inmediatas para no sólo alcanzar las metas que se platearon desde 2015 sino que, además, procuren que los efectos de la crisis sanitaria no impacten en un atraso para la consecución de dichas metas. En ese sentido, hasta el momento han sido pocos los esfuerzos de la mayoría de los países de la región centroamericana por presentar avances en sus metas de ODS y mucho más, de procurar ejercicios que permitan analizar y establecer a partir de sus líneas basales, cuánto hace falta invertir desde el sector público para lograr cumplir con la Agenda 2030 en los siguientes 9 años. Sin embargo, en diciembre de 2021 el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) con apoyo de la cooperación de Suecia, presentaron el volumen 3 de la Agenda Fiscal Centroamericana 2030 (AFCA-2030) (2021)[2], en la cual se exponen una serie de propuestas que buscan un camino hacia el desarrollo y la democracia del istmo, y tienen como objetivo demostrar que otra Centroamérica es posible, si se logran nuevos acuerdos políticos, económicos y, fundamentalmente, fiscales.
En este volumen se incluyó un capítulo que plantea una propuesta financiera para lograr la cobertura universal de la educación de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 en Centroamérica. Las brechas de la cobertura en la matrícula de la mayoría de estos países se amplifican en la educación media (básicos y diversificado), es decir que existen niñas, niños y adolescentes que se encuentran excluidos de los sistemas de educación, siendo cada vez mayor su número conforme van avanzando en cada nivel de educación. En ese sentido, el requerimiento de recursos financieros que permitan inversiones en más infraestructura, más personal docente y mayor dotación de material didáctico es irrefutable, incluso para niveles en los cuales si bien las tasas de escolaridad son relativamente altas –como preprimaria o primaria–, con las implicaciones que trajo la crisis del covid-19 deben ser reforzadas.
Centroamérica: estimación del gasto público en educación necesario para alcanzar una cobertura educativa universal. Cifras en términos del PIB, 2020-2030
Fuente: Icefi, con base en la metodología EPSSim (Unesco), institutos de Estadística, ministerios de Educación y Hacienda de cada país, y base de datos del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. Año base = 2020.
El ejercicio de costeo que permitió establecer cuántos recursos se necesitan, de 2022 al 2030, para lograr la cobertura universal de educación, se realizó a partir de la metodología del modelo de simulación de políticas y estrategias en educación (EPSSim por sus siglas en inglés), el cual fue desarrollado por la Unesco. Si bien, este costeo no logró tomar en consideración los impactos del abandono escolar por la crisis sanitaria, lo cual en buena medida estuvo condicionado a la ausencia de estadísticas actualizadas por los gobiernos, sí responde a la dinámica del crecimiento demográfico y las situaciones particulares de cada país, por lo que los montos para lograr el financiamiento efectivo a 2030 no se escapan de la realidad que vive la región y que pueden marcar un punto de partida para que los gobiernos ajusten el financiamiento según las necesidades de sus sistemas de educación para atender los efectos post-pandemia.
Los resultados muestran que el gasto público promedio en educación de la región debería incrementarse del 3.0% del PIB actual a cerca del 4.2% del PIB hacia 2030, lo cual se aproxima a los valores sugeridos por la Unesco, que rondan entre el 4.0% y el 6.0% del PIB hacia 2030. De forma individual, el incremento en inversión educativa en términos del PIB significaría 0.5 puntos adicionales en Costa Rica; 1.4 en El Salvador; 2.0 en Guatemala; 0.9 en Honduras; 1.6 en Nicaragua, y 0.5 en Panamá. Cifras que a nivel económico y fiscal no son inalcanzables, pero que requieren de la voluntad y esfuerzo de los gobiernos de la región para que toda su niñez y adolescencia logre un acceso universal a la educación, garantizando así un derecho fundamental para su desarrollo, lo cual se les recuerda y promueve en vísperas de este Día Internacional de la Educación.
Carlos Alfredo Gossmann
[1] Véase en: https://www.unicef.org/lac/informes/reimaginar-la-educacion-en-america-latina-y-caribe
[2] Consulta en: https://icefi.org/publicaciones/agenda-fiscal-centroamericana-2021-2030-vol-3-una-propuesta-para-encaminar
La necesidad de mejorar las relaciones humanas, adaptarse a los cambios tecnológicos y fomentar la innovación es más relevante que nunca.