La migración irregular desde los países de Centroamérica hacia los Estados Unidos no es un fenómeno nuevo pues desde los años ochenta hemos visto cómo las personas de la región centroamericana han decidido sumarse y aportar su mano de obra a la economía estadounidense. Este fenómeno migratorio también se ha caracterizado por la vulneración de los derechos de las centroamericanas y los centroamericanos que deciden abandonar su país de origen para tener acceso a mejores condiciones de vida ante la ausencia de los Estados de Centroamérica para garantizar el bienestar de la mayoría de su población.
De esa cuenta, la crisis migratoria que enfrentan los países de la región (concentrada en migrantes de origen salvadoreño, guatemalteco y hondureño), también se ha convertido en una crisis de carácter ético, tomando en cuenta la forma en que los migrantes son tratados al llegar a la frontera sur de los Estados Unidos así como los vejámenes a los que se exponen en el tránsito hacia su destino. De conformidad con datos de la División de Poblaciones de las Naciones Unidas, 1.9 millones de centroamericanos y 2.0 millones de centroamericanas abandonaros sus países de origen en 2020 para dirigirse hacia los Estados Unidos, de los cuales el 88.3% correspondían a personas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Dicha cifra de migrantes provenientes de Centroamérica representa también el 7.6% del total de migrantes que llegaron a los Estados Unidos en 2020, lo cual ha puesto en tensión el sistema de seguridad fronteriza de ese país, principalmente en la frontera sur oeste.[1] Estos registros se presentan en un contexto en el que la pandemia por covid-19 profundizó las diferencias existentes en la región centroamericana en términos de nivel de ingresos y bienestar, por lo que, sin cambios estructurales, es esperable que las cifras continúen aumentando en los próximos años.
A pesar del endurecimiento de la política migratoria que fue implementada por la administración Trump, el flujo de migrantes no se detuvo y familias completas con menores de edad incluidos se han atrevido a dirigirse a ese país con todo el riesgo que eso implica sobre su integridad. Por ello, la administración Biden ha propuesto un plan para hacer frente a la masiva afluencia de migrantes provenientes de los tres países del norte de Centroamérica motivados por diversos factores económicos, sociales y políticos. No obstante, los países de la región permanecen impávidos antes la crisis migratoria pues los Estados continúan ausentes para garantizar sistemas de protección social mínimos que reduzcan el fenómeno de la migración forzada mientras los gobiernos al frente del Estados se esfuerzan exclusivamente por mantener los privilegios económicos y políticos de su grupo de poder garantizándoles impunidad a través de la cooptación de las instituciones de poder estatal.
Por otro lado, el silencio de las sociedades centroamericanas aleja a las y los ciudadanos de tomar un rol más activo y demandar al Estado y sus gobernantes que cumplan con su mandato de garantizar, proteger y promover los derechos de toda la población, incluida aquella que decide migrar, lo cual se manifiesta en la erosión del tejido social en los países de la región. La ausencia de una política fiscal con enfoque de derechos ha generado un vacío en las sociedades centroamericanas que le ha dado lugar al surgimiento de circuitos de violencia, a la profundización de las diferencias económicas y sociales entre las ciudadanas y los ciudadanos de cada país, al deterioro de la democracia, a la gestación del poder público por grupos criminales y al incremento de la violencia así como a la exclusión de las mayorías. Por ello, es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de derechos de sus ciudadanos, reconociendo su dignidad mediante la implementación de políticas que inserten a los grupos vulnerables y excluidos a la sociedad, que generen fuentes de empleo formal, que incentiven la inversión de actividades productivas, que reduzcan los riesgos asociados a desastres naturales por medio del fortalecimiento de la infraestructura y que eliminen o, por lo menos, reduzcan los niveles de pobreza de la sociedad.
La construcción de sociedades centroamericanas más igualitarias, democráticas y equitativas es una tarea que demanda la garantía de un piso mínimo de protección social y que entregue igualdad de oportunidades para todas y todos. Esta edificación colectiva permitiría aportar diferentes visiones para hacer frente a los desafíos de cada país centroamericano y generarían un círculo virtuoso para conseguir un mayor bienestar económico y social para las mayorías. Por supuesto, esta construcción no genera resultados inmediatos ni milagrosos pero requiere de la voluntad de toda la sociedad para poner en marcha nuevos acuerdos políticos que conlleven más garantías sociales y más responsabilidades, particularmente en el ámbito fiscal. Sí se puede generar los incentivos adecuados para retener a los potenciales migrantes, brindándoles posibilidades económicas, bienestar y certidumbre sobre el futuro, lo que redundará en un mayor desarrollo para todas y todos y para Centroamérica.
Carlos Alvarado Mendoza
Coordinador de Relaciones Académicas del Instituto.
[1] https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock