Los gobiernos centroamericanos no pueden continuar eludiendo un problema fiscal creciente, que es cuestión de tiempo para que agrave las ya difíciles condiciones de la región.
La emergencia generada en 2020 por el impacto de la pandemia del Covid-19, los esfuerzos por la vacunación y por la recuperación en lo que va de 2021 han acaparado las prioridades de la política fiscal. Estos procesos además captan toda la atención de las autoridades, de la prensa y de la ciudadanía que continúa demandando asistencia y apoyo, por lo que las medidas fiscales para empezar a corregir la insostenibilidad de la política fiscal están fuera del debate y de las agendas, por importantes o urgentes que sean.
Y es que los datos justifican la preocupación y la urgencia. Cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales para el indicador de sostenibilidad fiscal de corto plazo de Blanchard señalan insostenibilidad en todos los países de la región, con excepción de Nicaragua, pero advierte que el ritmo acelerado del endeudamiento público de ese país podría cambiar ese indicador también a insostenible. En todos los países, el saldo de la deuda pública total como porcentaje de los ingresos tributarios excede el valor crítico considerado por las instituciones financieras internacionales para declarar vulnerables las políticas fiscales.
Los análisis técnicos de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal deben evaluar la situación desde varias y diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en el caso de Guatemala el hecho que es el país con el saldo de la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto más bajo de la región, en realidad es un espejismo de optimismo. Esto, porque Guatemala también tiene la carga tributaria más baja de la región (y una de las más bajas del mundo), lo que constituye un factor de vulnerabilidad importante, que incide en que los indicadores advierten que la política fiscal guatemalteca es insostenible.
El ejemplo guatemalteco muestra la necesidad de discusiones amplias para comprender las complejidades de una evaluación de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal. Además, estas discusiones deben ser incluyentes y muy transparentes, ya identifican los cambios que cada país debe hacer para tornar sostenibles sus políticas fiscales. Y lo que con toda claridad muestran los indicadores de vulnerabilidad fiscal, todos los países de la región tienen cargas tributarias demasiado bajas, con lo cual en el futuro no dispondrán de la capacidad para pagar la deuda pública que están contratando. Es decir, para que las políticas fiscales centroamericanas retornen a la senda de la sostenibilidad, inevitablemente deben considerar reformas tributarias que logren elevar los ingresos.
Y con esa conclusión, el problema de la insostenibilidad fiscal en Centroamérica, además de ser un asunto técnico importante, se torna, quizá principalmente, en un enorme y muy serio problema político. Porque a Centroamérica la caracteriza una historia de conflictos políticos vinculados con las reformas tributarias. Además de esta dificultad histórica y casi estructural, otro obstáculo para la discusión de las reformas tributarias que deben hacer los países centroamericanos es la propagación del problema de la corrupción.
En cualquier lugar del mundo las reformas tributarias enfrentan resistencia y rechazo naturales, que se agudizan drásticamente cuando se suman niveles altos de corrupción. La desconfianza de la ciudadanía centroamericana hacia sus gobiernos se está exacerbando por la acumulación escándalos de corrupción cada vez más graves, y en la coyuntura actual, con una carga adicional de enojo ciudadano cuando los abusos se han perpetrado en los programas de asistencia y en la compra de las vacunas para enfrentar la pandemia. Así que, a los múltiples y diversos problemas y daños que causa la corrupción, hay que sumarle que al perder legitimidad los gobiernos corruptos, se torna mucho más difícil que impulsen la aprobación de las reformas tributarias necesarias para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La insostenibilidad fiscal es una bomba de tiempo activada y cuya detonación en Centroamérica ya está en cuenta regresiva. Para desactivarla, los gobiernos enfrentan desafíos técnicos y políticos importantes, que deben enfrentarse rápido, pese a la pandemia, los retos de la recuperación y los retrocesos en el desarrollo democrático que agobian a la región.
Ricardo Barrientos, Coordinador del área de Acción política