Transparencia Internacional publicó recientemente el estudio “Barómetro global de la corrupción. Las personas y la corrupción en América Latina”, trabajo que sintetiza los resultados de una encuesta realizada, entre mayo y diciembre de 2016, a más de 22,000 personas en 20 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluyen las naciones centroamericanas. El objetivo ha sido conocer experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y las percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.
Una de las principales conclusiones del estudio es que la mayoría de personas en la región, cerca del 62% de los encuestados, considera que la corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. A nivel centroamericano esta afirmación fue hecha por el 53% de los entrevistados, siendo Costa Rica, El Salvador y Honduras los países con la peor percepción.
Al preguntar sobre cuán corruptos se perciben diversos grupos de poder en cada país, los resultados indican que el 47% de las personas encuestadas sostienen que la mayoría o todos son corruptos en la policía y en el Congreso. El porcentaje baja al evaluar a los gobiernos locales (45%), a los funcionarios que dependen del presidente (43%), y jueces y magistrados (40%). Finalmente, el 36% de los entrevistados cree que los ejecutivos de empresas son sumamente corruptos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, más de la mitad de los ciudadanos (53%) considera que su gobierno está haciendo mal esta tarea.
El estudio afirma que casi la tercera parte de usuarios de servicios públicos (educación, salud, documento de identidad, policía, servicios públicos y tribunales) pagó soborno en los últimos doce meses, lo cual equivale a casi 90 millones de personas en los 20 países encuestados. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales y escuelas pagaron un soborno, dieron un regalo o hicieron algún favor al funcionario o empleado público para conseguir acceso al servicio requerido. Sin embargo, solamente el 9% de quienes pagaron sobornos denunciaron el hecho ante las autoridades. De este limitado número de personas, el 28% sufrió consecuencias negativas, mientras que en uno de cada cinco casos denunciados se tomaron medidas contra el autor.
En Centroamérica, entre un 24 (Costa Rica) y 38% (Panamá) de los entrevistados afirmó haber pagado sobornos. Dentro de los datos más reveladores están el que más del 51% de los entrevistados en Honduras, que utilizaron el sistema de justicia, afirmó haber tenido que pagar soborno; Entre 21 y 30% de los encuestados en El Salvador, Honduras y Panamá, debió pagar sobornos para acceder a servicios públicos de educación o salud. Por su parte, Guatemala tiene el más alto porcentaje de sobornos en el Istmo ―entre 21 y 30% de los encuestados― pagados a la policía.
El estudio preguntó a los encuestados si consideran que las personas comunes pueden hacer la diferencia frente a la corrupción y el 70% dijo que sí. En Centroamérica, el porcentaje se situó en 73%: las personas tienen confianza en que su participación activa y la denuncia de los hechos de corrupción ayudan a luchar contra este flagelo, principalmente en Costa Rica (82%), Nicaragua (77%), Honduras (76%) y Guatemala (70%).
El estudio agrega entre sus recomendaciones la necesidad de que los gobiernos involucren más a la sociedad civil en sus esfuerzos en contra de la corrupción, lo que puede dotar de credibilidad a sus esfuerzos. Asimismo, se debe crear un contexto seguro que favorezca la participación social, al tiempo en que se fortalecen las instituciones que participan en la detección, investigación y condena de delitos vinculados con la corrupción. También se recomienda eliminar la inmunidad política en los casos de corrupción y proteger a los denunciantes mediante la creación de canales de denuncia accesibles y anónimos.
Para reducir los sobornos en los servicios públicos, el estudio recomienda que los gobiernos aseguren que las tarifas oficiales de dichos servicios se exhiban públicamente; así como optimizar los procedimientos para que la toma de decisiones no resulte prolongada o arbitraria, e invertir en plataformas de gestión electrónica que permita solicitar servicios sin interactuar personalmente con funcionarios o empleados públicos. Finalmente, para sanear las instituciones policiales se recomienda mejorar sus capacidades de investigación, así como afianzar medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión institucional.
La corrupción, como mecanismo de ejercicio del poder, es un cáncer que está matando la democracia al destruir la confianza y la cohesión social, y al prostituir la institucionalidad pública frente a los fines particulares, por lo que toca hacerle frente de manera integral y estructural.
Elaborado por Jonathan Menkos Zeissig
Para leer el estudio completo: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_america_latina_y_el_caribe