Fuente: Icefi con base en Transparencia Internacional (2012). Corruption perceptions index 2012.
Los ciudadanos centroamericanos conocen frecuentemente hechos de corrupción realizados por funcionarios de todo nivel, generalmente en complicidad con personas ajenas al gobierno. La corrupción se manifiesta bajo diferentes formas, como el soborno, la extorsión, la malversación, el abuso de poder, los acuerdos secretos y el financiamiento de actividades políticas, entre otras.
La organización Transparencia Internacional, que elabora anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción, situó en 2012 a los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, entre los 90 con mayor percepción de corrupción de una muestra de 176 naciones, con punteos menores a 40 sobre una puntuación ideal de 100. Aún cuando las percepciones no necesariamente corresponden con la realidad, es importante reconocer este hecho cuando se definen políticas específicas para combatir la corrupción.
Las percepciones transmiten una señal de malestar y de preocupación que ningún gobierno debe desestimar. Por el contrario, los gobiernos deben reconocer que la corrupción provoca serios obstáculos al desarrollo y a la consolidación democrática, haciendo disminuir la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
La corrupción es un fenómeno presente en todos los sistemas políticos, en todas las culturas y en todos los momentos del proceso de desarrollo de una sociedad. Es por esto que lo relevante no estriba tanto en que en un país haya corrupción, sino con cuánta regularidad, gravedad e impunidad se cometen estos casos. Las prácticas corruptas tienen el camino allanado en un ambiente de opacidad política y en ausencia de control social sobre las decisiones de Estado. Como lo afirman los estudios empíricos, la corrupción se facilita en sistemas con instituciones débiles, en sociedades con bajos niveles educativos, y en aquellas en donde políticos y empresarios no distinguen la obligatoria división entre lo público y lo privado.
Por su parte, los efectos de la corrupción son variados y se traducen principalmente en ineficiencias económicas, al elevar costos; impactos negativos en el crecimiento, pues desincentiva la inversión y genera incertidumbre en los actores económicos; y mayor inequidad e ingobernabilidad, al reducir la igualdad de oportunidades y de movilidad social, debilitar las instituciones y deslegitimar el quehacer del Estado. En cuanto a las finanzas públicas, la corrupción actúa en dos sentidos, por un lado, se traduce en mayores gastos para el Estado, pues el precio de los bienes y servicios que adquiere están sobrevalorados y además debe aumentar sus medidas de control y supervisión, lo que implica más gastos de funcionamiento. Por el otro lado, reduce los ingresos tributarios, debido al menor crecimiento económico y al aumento de la elusión y la evasión como fruto de leyes impositivas y códigos tributarios confusos y poco actualizados, que actúan como un incentivo a la corrupción.
La corrupción debe reconocerse como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de Centroamérica, por lo que es urgente implementar medidas para su combate. Estas medidas deben estar encaminadas a fortalecer y modernizar el marco institucional, desde el financiamiento público y transparente a los partidos políticos, la eliminación del secreto bancario, la modernización de las leyes de compras y contrataciones del Estado y de las leyes orgánicas del presupuesto, el fortalecimiento de los entes contralores y del Sistema de Justicia, hasta la promoción de espacios institucionales en donde las organizaciones de la sociedad civil se constituyan en evaluadores del actuar gubernamental y del sector privado, en la medida en la que sus actuaciones afecten el interés público.
Se debe también hacer un esfuerzo adicional por ejercer un mayor control sobre aquellas actividades más proclives a prácticas corruptas. El Índice de fuentes de soborno 2011, de Transparencia Internacional, identifica dentro de este conjunto, los contratos de obras públicas y construcción, las actividades inmobiliarias y de propiedades, la explotación de petróleo y gas, la minería, los negocios del sector farmacéutico y de atención de la salud y las telecomunicaciones, entre otros.
Fuente: Icefi con base en: a) Transparencia Internacional (2012). Corruption perceptions index 2012; b) FMI(2013). World Economic Outlook; y, c) PNUD (2013). Informe de desarrollo humano 2013.