Autora: Iliana Barillas*
El artículo 25 del Protocolo de Guatemala, suscrito por los presidentes de Centroamérica en 1993, reza: “En el sector comercio, los Estados Parte convienen en adoptar disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en los países de la región”.
Sobre esa base, en el año 2006, por mandato de los Viceministros de Integración Económica, nace en el seno del Subsistema Económico Centroamericano el Grupo de Trabajo de Política de Competencia en la Integración Económica Centroamericana, compuesto por las instituciones encargadas del tema de competencia de los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este grupo es creado de manera informal, en razón de lo cual no le fueron asignadas competencias específicas ni presupuesto.
En 2007, los Ministros de Comercio de la región suscriben el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, cuyo capítulo XI “Política de Competencia”, artículo 21, establece: “Los Estados Parte desarrollarán una normativa regional en materia de política de competencia”.
Estas disposiciones brindaron el marco de trabajo del nuevo Grupo Centroamericano de Competencia, quien decidido a convertirse en un foro técnico de discusión y de promoción del tema de competencia a nivel regional, elaboró sus lineamientos internos de organización y funcionamiento, con el objetivo de “Fortalecer la Política de Competencia de los países Centroamericanos por medio del diseño de una Política Regional y el fomento de su cultura”.
Así, el Grupo buscó fondos de cooperación para iniciar a desarrollar algunas actividades propias, obteniendo una cooperación de SIECA y la Unión Europea a través del Proyecto “Diseño y Aplicación de Políticas Comunes Centroamericanas (ADAPCCA)”, con la cual llevó a cabo tres Foros Regionales de Competencia en 2007, 2008 y 2009 respectivamente. Cada foro desarrolló su propia temática con el objetivo en común de incrementar la cultura de competencia en la región y propiciar el intercambio de experiencias que facilitaran la cooperación entre los países. Adicionalmente, en 2008 el Grupo lanzó un Boletín Centroamericano que se publicaba trimestralmente, en el que informaba sobre noticias, casos y actividades desarrolladas por las Autoridades de Competencia de la región.
El intercambio de experiencias entre los países evidenció la necesidad de contar con una Norma Regional de Competencia para atender aquellos casos de prácticas anticompetitivas que afectan a más de un país de la región y que no es posible atender mediante las Normas Nacionales de Competencia. Por tanto, evidenciada esa necesidad y en atención a sus objetivos propios, el Grupo decidió concursar en el Programa de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objeto de obtener fondos para la elaboración de una Norma e Institucionalidad Regional de Competencia.
En 2009, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Superintendencia de Competencia de El Salvador, por encargo del Grupo Centroamericano, suscriben el Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable para la ejecución del proyecto “Modelo Normativo e Institucional para una Política de Competencia Regional”, con el objeto de desarrollar un modelo normativo e institucional que contribuyera al incremento de la contestabilidad del mercado común centroamericano con acciones dirigidas a la eliminación de barreras de entrada a los mercados y la reducción de prácticas anticompetitivas. Es así como inicia, a criterio personal, el trabajo más importante desarrollado hasta ahora por el Grupo Centroamericano de Política de Competencia en la Integración Económica Centroamericana.
La ejecución de este proyecto estrechó las relaciones de los encargados del tema de competencia de los países, producto de lo cual Panamá, que venía participando como observador, decide ingresar al Grupo de manera formal. Así, en 2012 el Grupo Centroamericano pasa a denominarse “Red Centroamericana de Autoridades Nacionales Encargadas del Tema de Competencia (RECAC)”. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá suscribieron el convenio de creación de esta Red y su reglamento de funcionamiento, mientras que Costa Rica se encuentra en proceso de revisión del mismo para su posterior suscripción. Guatemala por su parte, ha participado en ciertas actividades de la Red, pero aún no firma el convenio de creación.
Este cambio coincide con el avance en la ejecución del proyecto antes mencionado y con la suscripción del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, en el cual la región centroamericana asume el compromiso de “elaborar y aplicar un Reglamento Centroamericano de Competencia” y de crear un “Órgano Centroamericano de Competencia”, todo en un plazo de 7 años. Este acuerdo le da un nuevo impulso al trabajo liderado por la RECAC desde 2009.
A finales de 2013, la Red Centroamericana contaba ya con una propuesta de norma e institucionalidad regional, dando inicio a las labores de revisión y discusión de la misma. Eventualmente, a esta labor se incorporaron participantes de los Ministerios Encargados de la Integración Económica Centroamericana, con el objeto de robustecer la discusión y el análisis de la propuesta de Norma e Institucionalidad en aras de que la misma cuente con el mayor consenso posible.
Actualmente, la RECAC ha alcanzado un consenso del 80% con relación al texto de la propuesta de Norma e Institucionalidad Regional de Competencia, quien posee la firme convicción de entregar para aprobación del órgano que corresponda, una propuesta de norma de alto nivel técnico, que sea de aplicación efectiva y que responda a los problemas de prácticas anticompetitivas a nivel regional.
Ahora la Red deberá realizar un trabajo de cabildeo para divulgar y promover esta propuesta de norma e institucionalidad ante los actores que corresponda, así como la búsqueda de nuevos fondos que le permitan trabajar en la elaboración de una propuesta de reglamento que desarrolle la Norma Regional de Competencia, todo en aras de contribuir a la eficiencia económica del mercado centroamericano y al bienestar de sus consumidores.
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* La autora es abogada, con maestría en Derecho de Empresa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Actualmente es Encargada de Integración Centroamericana en la Intendencia de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Competencia.